Sobre la situación explosiva en el sur de Asia

Imagen de cabecera: marcha de cientos de proletarios en la industria textil en Dhaka, Bangladés. Fuente: Munir uz Zaman, AFP.

La situación en algunos países del sur de Asia es inestable para los imperialistas y para las clases dominantes locales. Los estados burocrático-capitalistas se ven desafiados por varios conflictos y levantamientos populares.

En 2022, el primer ministro paquistaní, Imran Khan, fue expulsado después de una moción de censura por la Asamblea Nacional. Según un documento filtrado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el embajador paquistaní en los Estados Unidos tuvieron una reunión juntos el 7 de marzo de 2022, un mes antes de la moción de censura. En la reunión, los funcionarios estadounidenses objetaron la posición del gobierno paquistaní en la guerra en Ucrania y la reciente visita de Khan a Moscú. Según el documento, un funcionario estadounidense planteó directamente la moción de censura y amenazó con consecuencias si no se realizaba: “Creo que si la moción de censura en contra del Primer Ministro tiene éxito, todo será perdonado … de lo contrario, creo que será difícil seguir adelante” y “honestamente creo que el aislamiento del primer ministro se volverá muy fuerte desde Europa y Estados Unidos”.

Después de la expulsión, ha habido protestas y manifestaciones en todo el país. Las protestas han aumentado aun más debido a que Khan fue detenido varias veces. Se informa que hay más de 100 cargos en su contra, incluidos el terrorismo y la corrupción. Khan actualmente está encarcelado, cumpliendo una sentencia de tres años. Las nuevas elecciones nacionales se han retrasado hasta febrero, sin embargo, las candidaturas de Khan y los exmiembros de su gabinete han sido rechazados por los funcionarios electorales.

También hay ataques crecientes cerca de la frontera de Pakistán con Afganistán. Después que los talibanes de Pakistán (TTP) terminaron su alto el fuego con el estado de Pakistán en noviembre de 2022, ha habido un aumento del 93 por ciento en los ataques en las provincias pakistaníes que colindan Afganistán, Khyber Pakhtunkhwa en el noroeste y Balochistán en el suroeste. Durante los primeros 11 meses de 2023 se informa que se produjeron 664 ataques. En uno de los ataques, en enero de 2023, al menos 100 personas, en su mayoría oficiales de policía, fueron eliminados por una bomba suicida.

El ejército paquistaní ha respondido a los ataques con la operación militar a gran escala «Zarb-e-Azb». La operación ha sido acusada de adoptar tácticas de tierra quemada y desapariciones forzosas.

El estado de Pakistán también han comenzado deportaciones masivas de afganos. Alrededor de 2 millones de afganos que se creían que vivían en Pakistán sin documentación recibieron la fecha límite para regresar a Afganistán antes del 1 de noviembre de 2023. Se informa que al menos 200.000 regresaron antes de la fecha límite. Después de la fecha límite, el estado de Pakistán comenzó las deportaciones contundentes. Sarfraz Bugt, el Ministro de Interior en funciones de Pakistán en ese momento, declaró lo siguiente: “No habrá compromiso contra los refugiados ilegales. Tenemos los datos sobre quién se mantiene ilegalmente en Pakistán. Vamos de puerta en puerta y hemos hecho localización geográfica. Los detendremos y deportaremos. Hemos arrestado docenas en todo el país hasta ahora, incluso en la capital”. También dijo que los afganos serían puestos en autobuses, camiones o lo que sea que estuviera disponible para ellos, y que las autoridades los rastrearían para asegurarse de que no regresen.

También ha habido informes de ataques cerca de la frontera a Irán. En abril, cuatro soldados de la patrulla fronteriza paquistaní fueron asesinados. En enero se informó que cuatro funcionarios de seguridad fueron asesinados a lo largo de la frontera, y en otro ataque al menos 13 personas resultaron heridas después de una explosión en un tren de pasajeros.

Pakistán también está pasando por una crisis económica. Se informa que alrededor de 1.600 fábricas textiles, un tercio de las fábricas textiles del país, han cerrado en los últimos años. Se estima que 700.000 proletarios han perdido sus trabajos. La industria textil representa el 60% de las exportaciones de Pakistán. La inflación en el país alcanzó un pico del 38% en junio, y algunos alimentos esenciales a veces han duplicado su costo.

Enfrentando la situación en Pakistán, algunos abandonan el país por desesperación, esperando una vida mejor para ellos y sus familias, sólo para encontrarse por las políticas genocidas de inmigración de los imperialistas. Anteriormente hemos informado sobre el ahogamiento de hasta 600 refugiados, incluidos más de 300 personas de Pakistán, que probablemente fueron asesinadas por la guardia costera griega.

Los disturbios en Pakistán no son infrecuentes en la región. El viejo Estado indio está amenazado por varios grandes conflictos internos y externos.

Durante más de medio siglo se ha librado una lucha revolucionaria armada en el país, hoy como Guerra Popular bajo la dirección del Partido Comunista de la India (Maoísta). En 2006, el primer ministro indio en ese momento, Manmohan Singh, calificó la guerra popular como la “amenaza de seguridad interna más grande” en India. Regularmente informamos sobre nuevas acciones sobre la guerra popular en India. 2023 vio una campaña de boicot electoral convocada por el PCI (Maoísta) en varios estados federales. Se informa que el viejo Estado desplegó 1.700 compañías de seguridad central y fuerzas policiales estatales, lo que representa alrededor de 150.000 tropas, en los estados federales que estaban celebrando elecciones. La campaña de boicot llevó a varias bajas para las fuerzas del viejo Estado y serios problemas para el proceso electoral.

Otro conflicto a gran escala del que hemos informado regularmente es el conflicto en el estado de India de Manipur. El conflicto armado intensificado se ha librado en Manipur desde mayo de 2023, pero la lucha en Manipur no es algo nuevo sino que ha estado presente durante décadas, siendo una larga lucha por la liberación nacional allí y en áreas colindantes contra el imperialismo, el viejo Estado indio y las clases dominantes de Manipur. Enmarcado por los medios de comunicación y los políticos como un conflicto religioso y étnico, el conflicto es en realidad principalmente una lucha por la tierra, con el antiguo Estado indio tratando de aprovechar las contradicciones entre los diferentes grupos populares para poner masas contra las masas y aislar la lucha de las secciones de los campesinos entre sí. Las clases gobernantes intentan criminalizar partes del campesinado, alegando que son inmigrantes ilegales que están ocupando tierras, y las milicias compuestas por campesinos de otros pueblos así como las fuerzas estatales se usan contra ellos para tomar sus tierras, concentrar la riqueza y crear crecimiento para los grandes propietarios. La lucha de las masas en defensa de su tierra y contra la represión ha crecido demasiado para que el antiguo Estado lo pueda manejar. Ha habido muchos ataques y protestas contra el Estado e incluso ha habido ataques contra las casas de los políticos. Se han aplicado varias medidas represivas, como los toques de queda y el bloqueo de Internet, durante largos períodos de tiempo. A pesar que el gobierno anuncia con frecuencia que ha controlado la situación, se muestra una y otra vez que no lo ha hecho. En los últimos días de 2023 y los primeros días de 2024, la situación se ha intensificado nuevamente.

La población musulmana de India también ha estado luchando contra la represión creciente contra ellos, como hemos informado anteriormente en. Los más de 170 millones de musulmanes en la India representan más del 14 por ciento de la población del país. Nuevamente, un caso de colocar masas contra las masas, el antiguo estado está utilizando el nacionalismo hindú para aumentar la violencia y la discriminación contra los musulmanes.

Ha habido varios ataques contra musulmanes y enfrentamientos en los últimos años. En 2020 hubo grandes enfrentamientos en Nueva Delhi después de una nueva ley discriminatoria contra la población musulmana en la India, causando fuertes disturbios y masacres de musulmanes. Según el viejo Estado indio, 53 personas murieron, la mayoría de las cuales eran musulmanes, y más de 200 personas resultaron heridas. En 2021, en Gurugram en el estado federal de Haryana, los grupos hindú reaccionarios atacaron a los musulmanes que intentaban rezar en público.

Al igual que con la situación Manipur, el Estado y los medios reaccionarios describen la represión contra y la lucha de las masas como violencia religiosa o enfrentamientos religiosos, en este caso entre hindúes y musulmanes. La represión violenta de algunas de las secciones más pobres de las masas sirve para permitir un crecimiento continuo para las clases gobernantes destruyendo o robando propiedades de los campesinos pobres. Un ejemplo de esto es que el antiguo estado permite que las milicias reaccionarias roben ganado de pastores pobres, aprovechando la ganancia de los campesinos pobres y aumentando la concentración de riqueza en manos de los grandes propietarios. Como muchos campesinos musulmanes son pastores, el Estado y los grandes propietarios usan el nacionalismo hindú y el odio hacia los musulmanes para promover sus intereses y aumentar su riqueza.

En Julio de 2023 hubo disturbios en Haryana después que grupos nacionalistas hindúes reaccionarios hicieron una manifestación armada en el distrito de Nuh, donde la población es principalmente musulmana. Las masas de Nuh, principalmente campesinos pobres y obreros, tomaron las calles y rechazaron la movilización reaccionaria lanzando piedras y también confrontando a las fuerzas del viejo Estado indio el cuál estaba colaborando con los grupos reaccionarios. Tras los choques, el viejo Estado aplicó medidas como bloquear el acceso a internet y restricción del derecho de asamblea. Miles de paramilitares y fuerzas de policía fueron desplegadas en la zona. Tras las protestas, el viejo Estado demolió 1.208 estructuras, principalmente las de dueños musulmanes, en un lapso de cinco días.

India también tiene muchos conflictos fronterizos abiertos con los países vecinos. El territorio de Jammu y Cachemira está reclamado por Pakistán e India. Se han luchado muchas guerras entre ambos países por el territorio y ha habido conflictos constantes de intensidad variante ahí. Actualmente, la parte más grande del territorio está bajo control de India, mientras algo está bajo control de Pakistán, así como alguna parte bajo el control del social-imperialismo chino. Se ha reportado que el conflicto ha empezado recientemente a volverse más tenso en las áreas controladas por India. El 22 de diciembre de 2023, se reportó que habían matado a cuatro soldados indios, y otros tres fueron heridos en una emboscada. En este punto un total de 34 soldados han muerto en Cachemira desde 2021, 19 de ellos fueron eliminados entre abril y diciembre de 2023. India ha acusado a Pakistán de financiar la rebelión en la zona de Cachemira controlada por India.

En 2023, el viejo Estado indio también ha realizado ataques contra organizaciones por los derechos democráticos y hay un incremento de la represión contra periodistas. En octubre, informamos que al menos ocho periodistas habían sido puesto tras las rejas y enjuiciados, enfrentándose a cargos bajo la ley “anti-terrorista”, el Acta de (Prevención) de Actividades Ilegales (UAPA, por sus siglas en inglés). El verdadero número de periodistas encarcelados bajo esta ley se desconoce, y el Estado dice no tener datos sobre ello. Hemos compartido muchos posicionamientos de la Campaña Contra la Represión Estatal (CASR) sobre esta cuestión. En uno de los comunicados, CASR denuncia que estudiantes de Cachemira fueron acusados bajo la UAPA y arrestados por supuestamente celebrar que el equipo de cricket masculino de India perdiese la final de la Copa Mundial. El editor de Kashmir Walla fue encarcelado durante 21 meses por escribir un artículo contra las brutalidades del Estado indio en Cachemira. Ha habido arrestos tras publicaciones en redes sociales en apoyo a la liberación nacional palestina. Estos son sólo algunos ejemplos de la situación actual de represión en India.

El viejo Estado indio se encuentra en una situación de gran inestabilidad, con la Guerra Popular que continúa desarrollándose a pesar de los intentos por destruirla, además de múltiples grandes conflictos que no es capaz de mantener bajo control. La única medida de las clases dominantes y su viejo Estado es incrementar la represión de las masas, que sólo sirve para que se incremente la lucha.

En Bangladés, ha habido levantamientos de las masas durante meses. En julio de 2023 hubieron protestas contra el gobierno con decenas de miles de personas participando. En la primera protesta, la policía abrió fuego contra los manifestantes, matando al menos a una persona. En una protesta posterior hubo grandes choques con la policía. El principal partido opositor fue el que llamó a la protesta, el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), pero las masas traspasaron el límite de protesta “pacífica” a la que llamaron. Las protestas han continuado tras esto. Especialmente las masas más pobres del país han continuado saliendo a la calle para protestar contra el incremento del coste de la vida y el incremento de la represión en el país. Esto es una agudización de las contradicciones que ha estaban presentes en la zona, ya que hubieron también grandes protestas de las masas que desataron una brutal represión por parte del viejo Estado en 2022 y muestra cómo la situación en la región se está desarrollando en más conflicto e inestabilidad para las clases dominantes locales y para el imperialismo.

Al final de octubre y principios de noviembre, hubieron de nuevo enormes choques. El BNP llamó a un bloqueo de las carreteras, vías de tren y de transporte por agua durante tres días por todo el país. De nuevo, saltando los límites del BNP, hubo protestas en muchas partes del país, con vehículos ardiendo y oficiales de policías heridos. El Estado respondió con una dura represión y militarización de las calles. 300 patrullas de policías fueron movilizadas y en la capital, Dhaka, se desplegaron 22 pelotones de guardia fronteriza. Varias personas fueron asesinadas por las fuerzas del Estado y se reportó el arresto de varios miles.

Durante las luchas, miles de obreros de la industria textil hicieron huelga, exigiendo el incremento del salario mínimo. Los obreros bloquearon las entradas de las zonas industriales y quemaron fábricas. Dos de los trabajadores fueron asesinados por la policía y docenas heridos. La industria textil es una parte importante de la economía de Bangladés, la segunda mayor productora de ropa en el mundo. Hay más de 3.500 fábricas de ropa en el país, las cuáles emplean a 4 millones de personas. 500 fábricas fueron cerradas durante días, y hubieron manifestaciones con miles de obreros. Las protestas continuaron creciendo a mitad de noviembre, cuando 25 mil obreros se unieron a las protestas. El Estado también incrementó la represión y la militarización. La cantidad de pelotones de guardia fronteriza que fueron desplegados incrementó a 44. Dos obreros más fueron asesinados por la policía. Los obreros lucharon contra las fuerzas del Estado lanzando ladrillos. Las clases dominantes y los monopolios de ropa imperialistas también intentaron parar la lucha de los obreros incrementando un 50 por ciento el salario mínimo, pero los obreros mantuvieron su exigencia por un salario mayor y continuaron la lucha.

Las protestas contra el gobierno han continuado llegando hasta las elecciones, que fueron el 7 de enero. Al menos 19 lugares de votación fueron quemados, así como docenas de escuelas, autobuses e infraestructura pública.

El imperialismo estadounidense es el principal imperialismo oprimiendo el país. Tiene la mayor inversión directa en el país y también está profundamente envuelto a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), dominado por Estados Unidos. Tanto el imperialismo estadounidense y ruso se han acusado mutuamente de interferir en las elecciones y mandaron observadores para monitorearlas.

Con el BNP boicoteando las elecciones, el partido del gobierno anterior, la Liga Awami (AL), apenas tuvo oposición en las elecciones. La AL obtuvo más de 200 de los 300 diputados que se elegían, y la presidenta fue reelecto para cinco años más. Para asegurar las impopulares y desacreditadas elecciones, el Estado desplegó 800.000 agentes de sus fuerzas represivas en un intento de obtener el control de la situación durante la jornada electoral. Se les ofreció a los votantes también viaje y comida gratis. A pesar de las medidas del Estado, del 60 al 72 por ciento de los votantes se abstuvieron, según los números oficiales. A pesar de conseguir la mayor victoria electoral, el gobierno falló tratando de legitimar su mandato.

Myanmar ha atravesado muchos golpes de estado e insurrecciones desde su independencia formal en 1948. El país ha tenido múltiples regímenes militares establecidos con la ayuda de diferentes países imperialistas, y hay muchas minorías nacionales luchando por su independencia. En 2021, hubo un nuevo golpe militar en Myanmar que condujo a una guerra civil que todavía continúa. Hay muchos grupos armados envueltos en la guerra civil siendo el principal la junta militar, la cuál depuso al gobierno y disolvió el parlamento en el golpe de 2021, y el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), un gobierno de oposición formado por aquellos que fueron expulsados en el golpe. Las fuerzas armadas de la resistencia son más fuertes en los territorios de las minorías nacionales, específicamente en Kachi, Chin, Sagaing, Kayah, Kayin, Mon y Taninthrayi.

Han habido informes de que el régimen militar está teniendo problemas a la hora de encontrar nuevos reclutas, mientras miles de soldados y policías han desertado, algunos inclusos se unieron a las fuerzas de resistencia. En octubre y noviembre de 2023 se iniciaron grandes ofensivas, que todavía continúan, por parte de las fuerzas del GUN y la Alianza de la Hermandad.

Intentando hacer frente a la resistencia popular, el régimen militar está aplicando el terror contra el pueblo y cometiendo masacres. Desde 2022 se ha incrementado los ataques perpetrados contra civiles con bombardeo de artillería, ataques aéreos así como ataques con dones. Los ataques contra el pueblo sólo han fortalecido la resistencia, la cuál incrementa su lucha con más apoyo público.

Un artículo publicado por el think tank estadounidense, Consejo de Relaciones Exteriores en junio 2023 dijo que la Junta estaba perdiendo la guerra. El artículo dice que desde el golpe, las fuerzas del régimen militar han pasado de 3-400.000 a 150.000, sólo 70.000 de las cuales son soldados de combate, como un resultado de las muertes, deserciones y desafecciones. Se señala que el régimen militar sigue perdiendo territorio, y que no es capaz de recuperarlo. Se dice que el régimen militar sólo mantiene un control estable en alrededor del 20% de los municipios del país. La situación de la junta militar parece haberse debilitado más desde ese momento.

Mapa de la guerra civil en Myanmar para el 1 de enero de 2024. Las zonas rojas están bajo el control de la junta militar o de sus grupos aliados, las zonas verdes están bajo el control de GUN o sus grupos aliados. Fuente: Wikimedia/Ecrusized

El GUN tiene oficinas representativas en EE.UU, Reino Unido, Noruega, Francia, República Checa, Australia y Corea del Sur. El Jefe oficial del Gobierno de GUN es Aung San Suu Kyi quien en 1991 recibió un “premio de la paz” del imperialismo noruego. La política del imperialismo estadounidense sobre la guerra civil en Myanmar está definida por el Acta BURMA. El acta llama al apoyo de aquellos que se oponen a la junta militar, particularmente al GUN. El acta autoriza fondos desde 2023 a 2027 los cuales, entre otras cosas, incluyen “asistencia no letal” a grupos armados luchando en el régimen militar. En Siria y Ucrania la “asistencia no letal” ha incluido cosas como la provisión de uniformes, blindaje protector, vehículos militares blindados, equipo de radar y médico, y suministros. El acta también responsabiliza a China y Rusia por supuestamente apoyar a la junta militar.

China ha declarado que tiene buenas relaciones con el régimen militar, así como buenas relaciones a muchos otros grupos armados. China ha facilitado el diálogo entre la junta y partes de la oposición, pero esto sólo ha llevado a treguas cortas. Un análisis por The Economist, declara que China está respaldando al régimen militar por sus planes económicos a largo plazo, mientras respalda a algunos grupos de resistencia armados para lidiar con cuestiones de seguridad inmediatas. Se ha reportado que China ha vendido más de 250 millones de dólares estadounidenses en armas a la junta, incluyendo aviones de combate. Durante la guerra civil, China ha continuado sus planes para construir una red de carreteras, vías de trenes, oleoductos y puertos a través del país para ganar acceso al Océano Índico. China ha prometido invertir 35 mil millones de dólares americanos para este proyecto.

Una cuestión que ha sido central para el social-imperialismo chino es una red de centros de contrabando a lo largo de la frontera de Myanmar-China. 120 mil obreros, decenas de miles de los cuales son chinos han sido traficados a Myanmar y son forzados a trabajar estafando a gente por internet. Las operaciones suman miles de millones de dólares americanos anualmente, muchos de los cuáles vienen de víctimas chinas. China ha exigido a la junta militar tomar acciones contra los estafadores, pero no son capaces de manejar la situación y se ha informado que oficiales del régimen militar han aceptado sobornos de los estafadores. Cuando lanzaron su nueva ofensiva en octubre, la Alianza de la Hermandad declaró la eliminación de la red de estafa como uno de sus objetivos.

El 3 de enero, mientras luchaban en la frontera, se informó que un proyectil de artillería había detonado en la frontera del lado chino, provocando bajas chinas. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores condenó los choques y declaró que “China tomará todas las medidas necesarias para asegurar la seguridad de las vidas de sus ciudadanos y sus propiedades”.

Esta corta vista general sobre la situación en algunos países del sur de Asia muestra que la región es un punto caliente en la confrontación entre imperialismo y naciones oprimidas. Siendo las naciones oprimidas los centros de la tormenta de la revolución proletaria mundial, y teniendo excelentes condiciones objetivas para el desarrollo del movimiento revolucionario a mano, lo que está al orden del día es el desarrollo de la lucha revolucionaria, en su más alta forma, de Guerra Popular, dirigida por Partidos Comunistas Maoístas.

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