Ley anti-tomas en Chile
Corte en carretera por protestas contra la ley anti-tomas y el aumento del coste de la vida. Fuente: Periódico El Pueblo
En 2021 se realizó el anteproyecto de la ley anti-tomas que tiene como objetivo cambiar la tipificación de las tomas de tierra en Chile, pasando de multas administrativas a penas de hasta cinco años de cárcel. Esta ley se está debatiendo en el parlamento después de que el senado la aprobara el 9 de mayo. Se ha publicado una rueda de prensa en el periódico El Pueblo y un programa de radio de Radio Miño sobre cómo la ley anti-tomas afecta al pueblo.
El precio de la vida en Chile está aumentando con la crisis mundial. En tan solo un año el precio de la vida se ha encarecido un 28%, en especial los productos básicos como la comida, agua, luz o la vivienda. Además, una de las demandas históricas más importantes del pueblo mapuche ha sido la devolución de sus tierras despojadas, usurpadas por los grandes terratenientes. Es por eso que durante estos últimos años las tomas de tierras han adquirido un importante carácter en la lucha del pueblo chileno. Ante esto los políticos han sacado el ante proyecto de ley, popularmente conocido como ley anti-tomas, para poder frenar la lucha de tierra y habitacional.
Actualmente, la toma de la tierra o de una vivienda está sancionada con multas, tanto la toma con violencia como sin violencia. Con la propuesta de la ley, dejaría de ser una sanción económica a un delito con penas de carcel. Por ejemplo, en el caso de las tomas sin violencia, la pena variarían entre 61 días a 3 años de cárcel. En el caso de las tomas “con violencia”, que son aquellas que no sólo incluyen intimidación o violencia, también daños en cercos o puertas, la pena de cárcel sería de entre 541 días a una pena máxima de 5 años de prisión. Además la ley contempla múltiples agravantes: por ejemplo, si la toma de la tierra o vivienda la realiza una familia con menores de entre 14 y 16 años, en cualquier caso se impondría de manera obligatoria la pena máxima. Si la toma se da en edificios destinados a “inmuebles para evitar incendios” serán penados con la pena máxima. Entre estos edificios a los que se refiere la ley se incluyen los edificios de las Brigadas Forestales, que normalmente se encuentran en las tierras mapuches usurpadas. Tampoco podrán rebajarse las penas aunque existan atenuantes, cosa que contradice a la propia ley chilena, pero que se ha utilizado también en delitos como robo a mano armada, comparando los delitos contra la integridad física con los relacionados con la propiedad privada.
Existen más cambios a nivel represivo, sobre todo en lo que respecta a las detenciones. Con la ley actual, no se puede detener a las personas que han hecho las tomas, sin embargo, con el ante proyecto de ley los carabineros pueden detener a cualquier persona involucrada sin orden del juez. También, si la toma la realiza una organización “no lícita” – un término muy amplio que no se está definido – se tiene permiso para poder pinchar los teléfonos de la organización. Además, existía un fallo previo de una sentencia de la Corte Suprema que especificaba que si habían pasado 12h desde la toma no se podía desalojar el inmueble de urgencia, sino que lo tenía que ordenar el juez. Ahora se pretende que siempre sea un delito “flagrante” y por tanto no importa el tiempo que pase, siempre se va a poder desalojar el inmueble sin ordenanza judicial.
Los terratenientes, con grandes intereses en el sur de Chile, donde se encuentran mucha de las tierras mapuches usurpadas, van a poder también defender ellos mismos o sus parientes sus inmuebles. Podrán defenderse con “cualquier cosa”, incluidas armas de fuego, ante una “invasión de sus bienes”, supuestamente de forma “proporcional”, pero no se aclara nada más. Además, se le otorgan mayores garantías para recuperar sus inmuebles, llegando incluso a poder derribar la casa si el juez lo ve conveniente para poder recuperar el terreno, además del propio desalojo.
Esta ley, aunque principalmente afectaría a los que toman la tierra y las viviendas, también puede afectar a aquellos que toman propiedades temporalmente. Por ejemplo, en la lucha de los estudiantes de 2019, hubieron tomas de universidades y edificios públicos que se tomaron como arma de presión de la lucha que estaban llevando. Bajo esta ley, también se podrían aplicar estas mismas medidas, por lo que ante protestas similares el gobierno también estaría intentando limitar las formas de lucha con un aumento de la represión. De igual forma a trabajadores que puedan tomar una fábrica en una huelga, también como medida de presión para la empresa.
Ante esta situación han habido protestas en las calles por parte de diferentes colectivos. Por ejemplo el día 31 de mayo la Agrupación por la vivienda Luchadoras y Luchadores de Lo Hermida se manifestó contra el alza de los precios y la ley anti-tomas.
