El alto al fuego entre el Estado de Colombia y las EMC-FARC se rompe
Ayer 22 de mayo tras la muerte de 4 jóvenes supuestamente por parte de las EMC-FARC, el presidente del gobierno Gustavo Petro anunciaba que se suspendería el acuerdo del alto al fuego puesto que “cuestiona la voluntad de construir un país en paz”. Este acuerdo dejará de tener vigencia en los departamentos de Meta, Caquetá Guaviare y Putumayo y se reactivan todas las operaciones. Sin embargo, el alto al fuego continuará en otros estados donde no ha habido conflicto con el gobierno. Las FARC se disolvieron formalmente en 2016 tras un acuerdo entre el presidente del momento, Santos, y FARC, pero posteriormente han aparecido grupos disidentes, que, en principio plantearon querer continuar la lucha armada.
El alto al fuego actual, se anunció el 31 de diciembre de 2022, y en este acuerdo también se firmó el cese bilateral del uso de armas con ELN (Ejército de Liberación Nacional), alguno de los grupos disidentes de las FARC y otros grupos paramilitares. Petro prometió entablar conversaciones con todos los grupos armados del país para poder aplicar su llamada “política de paz total”. Esto lo pudo llevar a cabo después de que en noviembre el gobierno respaldara su propuesta para dialogar con guerrillas, narcotraficanes y grupos paramilitares.
Sin embargo, ya en abril, Gustavo Petro hablaba de que el Acuerdo de Paz de 2016 era imposible de cumplir, ya que económicamente era inviable al suponer un coste para las víctimas de 301 mil millones de pesos, siendo el presupuesto anual de 2,5 mil millones y por tanto imposible de cumplir.
Nueva Democracia, periódico revolucionario de Colombia, también explica como antes estas palabras, Rodrigo Londoño, actual presidente del Partido Comunes y quien fue el último comandante jefe de las FARC-EP, firmante del Acuerdo de Paz, celebraba el acuerdo: “Celebro el compromiso del presidente Petro con la implementación integral del Acuerdo Final. El costo financiero de cumplir lo pactado, por más alto que parezca, es un costo ínfimo frente a la posibilidad de construir un país en paz con justicia social”. El periódico añade: “Y aún así, este arrodillado no se sonroja celebrando esas declaraciones y continúa divagando y fantaseando con la posibilidad de construir “un país en paz con justicia social” bajo el actual sistema económico y político.”
El periódico también señala como desde el acuerdo de 2016, que llevaría a la disolución de las FARC-EP, no se debatía en ningún momento el cambio de sistema económico y cómo Santos buscaba con este acuerdo también aumentar los beneficios de los monopolios: “Es importante recordar, que, desde el inicio de los diálogos de paz, el presidente de ese momento, Juan Manuel Santos, dejó muy claro que el modelo económico no sería negociado en La Habana, el expresidente afirmó en su momento: “Es importante que estén tranquilos porque nuestro modelo económico no está incluido en las negociaciones, simplemente estamos negociando cinco puntos específicos que de llegar a concretarse podemos estar creciendo 2% adicional por siempre en Colombia” (2015). Lo anterior significa, en otras palabras, que la gran propiedad de la tierra, la opresión nacional a las necesidades del imperialismo y el dominio de los grandes monopolios imperialistas y nacionales no cambiaría, y que, por el contrario, se firmarían unos acuerdos específicos para que las clases dominantes tuviesen un mayor crecimiento económico en los años siguientes.”
Además, este acuerdo no modificaba los “problemas estructurales del país” y por tanto no se podía llegar a la “paz con justicia socia” como decía el gobierno. Con esto, Nueva Democracia explica que consiguieron poner a diferentes organizaciones campesinas, estudiantiles y barriales a su favor, mediante engaños, así “adormeciendo por varios años la lucha combativa del pueblo”. Y que el problema de fundamental de Colombia es la estructura agraria y el dominio del imperialismo yanqui, también citaron al Movimiento de Estudiantes al Servicio del Pueblo MESP que sacaron en 2016 un comunicado hablando de este problema: “Que un problema fundamental en Colombia es la estructura agraria del país, ‘donde predomina la gran propiedad terrateniente, estando el 77% de la tierra en manos del 13% de los propietarios’ y que la lucha por la tierra y el despojo de millones de campesinos, han sido motores del conflicto armado, además del sometimiento económico, político y militar al imperialismo, principalmente yanqui, donde ‘los proyectos del capital extranjero en cuanto a minería, petróleo y agroindustria son un factor clave como generadores de violencia hacia los campesinos por el despojo de la tierra para llevar a cabo estos proyectos’. En dicha publicación se demostraba con cifras y hechos que ‘el acuerdo sirve a profundizar el atraso del país, el sometimiento del campesinado, y la opresión en contra del pueblo’.”
Finalizaban citando el comunicado de Movimiento de Estudiantes al Servicio del Pueblo MESP que sacaron en 2016: “El pueblo está cansado de esta guerra entre las guerrillas actuales y el gobierno, que no han traído cambios para el pueblo ni representa sus intereses. Pero debemos ver que por más que queramos la paz, esta no vendrá con los acuerdos: Seguirá la disputa de poder por el narcotráfico y el control territorial, seguirá el control militar de los territorios, ya sea por bandas criminales, paramilitares, exguerrilleros o las fuerzas militares. Es cuestión de tiempo para que surjan nuevos grupos guerrilleros porque seguirán existiendo las causas que generaron la violencia. Principalmente seguirá existiendo la guerra contra el pueblo, explotándolo económicamente y luego reprimiéndolo violentamente cuando éste osa levantar la cabeza. No se trata de tener una posición ultra pesimista donde nada sirve. Se trata de aprender de las lecciones históricas, que nos muestran que todo lo que alcanza el pueblo es organizándose y luchando.”
