Impunidad para el latifundio asesino en Brasil
Cerca del noveno aniversario de la desaparición del campesino Ruan Hildebrandt Aguiar y del asesinato de otro joven campesino, Alysson Henrique Lopes, se ha pospuesto de nuevo el juicio a los policías militares que persiguieron y asesinaron a campesinos en 2016.
El 23 de enero del año 2016, los líderes campesinos Enilson Ribeiro dos Santos y Valdiro Chagas de Moura fueron brutalmente asesinados por parte de policías militares en Rondônia. A Nova Democracia (AND) informa que: “El año 2016 estuvo marcado por un intenso terror policial-terrateniente, especialmente después del nombramiento del coronel Ênedy Dias al mando general del Primer Ministro del estado de Rondônia.” La brutalidad policial queda patente con la explicación que da de los hechos el mismo periódico: “Además de disparar varios tiros contra los líderes, los pistoleros les aplastaron la cabeza a ambos con una piedra.”
Periodistas locales, Iván Pereira Costa y Lucas Bueno, recibieron ataques siendo Iván asesinado a causa de dos disparos que recibió de parte de esta policía militar. AND informa que durante los hechos “grupos de pistoleros aterrorizaban a las familias: saqueos y robos en casas y controles de carreteras, matanza de animales, toques de queda y amenazas a la escuela. Los conductores de autobuses no podían circular cerca del Asentamiento Terra Prometida, en Ariquemes.” Los pistoleros no estaba solos, sino que se pudo ver a agentes de policía militar viajando con pistoleros del latifundio y con auténticos arsenales de guerra a bordo de camionetas: “una metralleta 9 mm, 3 escopetas [calibre] 12, 1 escopeta [calibre] 28, 1 escopeta [calibre] 16, 1 revólver [calibre] 38, más más de 300 municiones intactas de diversos calibres, cargadores, chalecos balísticos, capuchas, 1 radiotransmisor.”
En 2020 algunos de los asesinos, entre ellos varios policías militares fueron condenados a años de cárcel. Sin embargo, a solicitud del Ministerio Público (en ese momento bajo gobierno de Bolsonaro), el juicio fue declarado nulo y los acusados absueltos. Esto incluyó al terrateniente aunque admitió que contrató a pistoleros y a policías militares. Ahora años más tarde, bajo gobierno de Luiz Inácio el juicio se ha pospuesto y así la impunidad del asesino latifundio siguen libres.
