Presos políticos saharauis denuncian torturas por parte del viejo Estado marroquí
Compartimos el artículo republicado por Servir al Pueblo.
«La Liga para la Protección de Prisioneros saharauis (LPPS) detalla en su informe correspondiente a 2023 la negativa del Estado marroquí a respetar sus obligaciones jurídicas e internacionales en materia de Derechos Humanos y la represión que sufren los presos saharauis, que se encuentran en cárceles situadas la mayoría a más de 1000 kilómetros de sus familias y de su patria, el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.
La LPPS considera que el traslado de los presos saharauis a cárceles de Marruecos es “una forma de venganza contra ellos y sus familias y una flagrante violación del espíritu del Derecho Internacional, en particular los Convenios de Ginebra relativos a los detenidos en territorios ocupados”.
Las difíciles condiciones de vida de los reclusos saharauis constituyen un delito “equivalente a crímenes de lesa humanidad”, particularmente ante el desprecio por la vida que muestra la administración penitenciaria marroquí, que “ignora las legítimas quejas de los internos saharauis” y no cumple sus promesas, afirma la Liga.
Ante ello, pide la intervención internacional urgente para impedir que Marruecos traslade a los presos políticos saharauis a cárceles situadas en Marruecos, con lo que son expulsados de su patria de origen, violando su condición de ciudadanos de un territorio ocupado.
Las prisiones de Marruecos en las que hay presos políticos saharauis se encuentran entre 922 y 1218 kilómetros seis de ellas y entre 320 y 640 kilómetros otras cuatro de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental.
El informe detalla casos dela anómala situación de los presos saharauis: falta de atención sanitaria, incumplimiento del derecho de visita de familiares y abogados, malos tratos y uso de la fuerza por parte del personal penitenciario, condiciones inhumanas en celdas de aislamiento, prohibición y decomiso de bienes e impedimentos para realizar estudios.
Ante las situaciones de represión, los presos saharauis recurrieron a la única arma de lucha que tienen en sus manos, la huelga de hambre. En 2023 la LPPS registró un total de 23 huelgas de hambre, que duraron entre 48 horas y 36 días continuos. En la mayoría de los casos, las huelgas terminaron después de que la dirección penitenciaria prometiera responder a sus demandas, lo que, con frecuencia, incumple.
La LPPS considera que los organismos y organizaciones internacionales deben proteger a los presos políticos saharauis y que el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene que asumir su responsabilidad con los reclusos saharauis “dada su condición jurídica de ciudadanos de un territorio ocupadopor la fuerza militar”.
También pide que se presione al Estado marroquí para que ponga fin a la detención de activistas saharauis, a los que un mecanismo internacional independiente debe garantizar su derecho a un juicio justo, y reclama a la Unión Africana que presione a Marruecos para que libere a los presos políticos saharauis».
