Chile: Entrevista sobre caso de trabajo forzado, esclavitud moderna y trata de personas en Curicó

Reproducimos unos extractos de la entrevista realizada desde Prensa Chiripilko a Carolina Rudnick, abogada y presidenta de la Fundación Libera contra la trata de personas y la esclavitud. En 2019 comenzaron a investigar un caso de trata de personas y trabajo forzado de origen venezolano en la ciudad de Curicó, que contaba con muchos antecedentes recopilados con investigaciones de universidades que trabajan con migrantes.

Desde 2018 Chile tiene mucha migración venezolana y un grupo de contratista ofreció un buen salario ($600.000 pesos al mes) y alojamiento, alimento, regulación migratorias para cosechar arándanos en varias zonas agrícolas del país. Sin embargo, pronto se pudo observar que las promesas eran falsas y que se encontraban en una situación de condiciones laborales de trabajo forzado. Rudnick declara: “vivieron situaciones que la OIT [Nota: Organización Internacional del Trabajo] cataloga como trabajo forzado, sufriendo los trabajadores retención de salarios, amenazas e intimidación, condiciones riesgosas, horas extras excesivas sin pago, maltrato, restricción de movimiento. Luego, desde Coquimbo les trasladan a otros fundos, también de arándanos, al sur del país donde vivieron mayores abusos. Se encontraron con que debían habitar en un container insalubre, con amenazas de despido si no se alcanzaba cierta producción como algo constante; quiénes reclamaron por las malas condiciones fueron castigados a cambiarse de vivienda sin alimentación”.

Tras ello, los trabajadores decidieron denunciar a Inspección de Trabajo, y aunque los patrones agrícolas intentaran ocultarlo, se multó a los patrones y a los contratistas por las graves condiciones. Sin embargo, esto provocó que los trasladaran de ciudad con unas condiciones peores, al no tener alojamiento ni comida. Los que reclamaron fueron despedidos, pero Inspección de Trabajo volvió a multar a la empresa por las condiciones. Ante ello, la empresa se declara en bancarrota y desaparece, pagando tan solo $100.000 pesos a los trabajadores. Finalmente desde Fundación Libera consiguieron identificar al principal contrabandista, Francisco Mendoza Berríos, quien manejaba casi dos docenas de empresas bajo testaferros y nombres de familiares con las que operaba del mismo modo.

Prensa Chiripilko pregunta sobre la forma en la que la Gobernación Provincial de Curicó está involucrada. A lo que se responde: “En un principio los trabajadores trataron de comunicarse con la Gobernación porque ésta había tramitado los permisos de trabajo de éstos contratistas, con mucha rapidez, y se observaba una relación muy fluida entre empleados de Francisco Mendoza y la propia gobernadora. De hecho, tras los reclamos, la Gobernación no ofreció ningún tipo de ayuda concreta.”

Sin embargo, ante la abrumadora cantidad de pruebas, la fiscal local y el fiscal regional “no veían indicios de delito”, por lo que intentaron cerrar el caso hasta tres veces. Ante la insistencia de los fiscales regional y local de cerrar el caso, desde la Fundación han pedido un cambio de fiscal. Por el momento no ha habido ese cambio y la causa sigue abierta.

Prensa Chiripilko pregunta: “Sobre el departamento de extranjería de la Gobernación de Curicó y su presunta participación en este caso de trata de personas ¿tienen antecedentes de otros hechos similares o es un caso aislado?”

La propia Rudnick señala que “Los organismos internacionales han señalado que la corrupción en casos de trata de personas son frecuentes. Esto porque es habitual que al momento de contratar extranjeros, se requiere intervención estatal, ya que hay que presentar los papeles a la Gobernación, a extranjería y en la captación vemos una constante de participación de funcionarios de la Gobernación y eso debe ser esclarecido, por ejemplo, que los contratistas se reunieron antes con los funcionarios de la Gobernación, y la propia Gobernadora de la época, Macarena Pons (RN). Hay múltiples fotos que respaldan todo esto. Agregar que los empleadores se presentan con nombre falso, como fundación que ayuda a los migrantes.

Quizás de lo que más llama la atención es el hecho de fotografías que revelan que empleados de los contratistas apoyaron en labores para la campaña política de candidatura a la alcaldía que realizó Macarena Pons.

Estos registros que eran públicos, una vez que los entregamos como prueba a la justicia, al día siguiente fueron borrados, lo que es muy sospechoso y peligroso.

Lo otro es que la tramitación de un permiso de trabajo es muy demoroso. Pero en este caso los permisos se entregaron muy rápido, y eso que fue en 2018, año de un gigantesco flujo migratorio en nuestro país.

Además la Gobernación acusó que los contratos de trabajo de los temporeros migrantes eran falsos, pero rápidamente la Policía de Investigación esclareció que eran verdaderos. Esto demuestra un actuar errático que reafirman las sospechas sobre el actuar de la Gobernación.

Finalmente considerar que la propia Gobernación realizó boicot con la ayuda hacia los temporeros siendo que en un principio la propia gobernadora Pons la prometió y luego el encargado de extranjería, de apellido Cardemil, niega la ayuda y deja a la deriva a las víctimas.

Se suponía que la Gobernación abriría un sumario pero nunca supimos si finalmente eso se hizo, ya que nadie nos notificó, y eso que han pasado ya más de dos años.”

Posteriormente se habla sobre Francisco Mendoza Berríos, quien parece ser se encuentra fuera del país, y de la responsabilidad de los fundos a los que Mendoza aportaba inmigrantes. La presidenta de la Fundación responde “En la causa no hay imputados, no hay formalización a propósito que la fiscal ha querido cerrar la causa constantemente” y añade la gravedad de separar al campo “de lo que le ocurra al trabajador agrícola es una práctica de hace muchos años y que sólo aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores”. También añade que por las denuncias de Inspección de Trabajo, se demuestra que los patronos sabían todo lo que ocurría y no hicieron nada. Y añade “Lamentablemente estas prácticas se siguen repitiendo en casi todos los campos en Chile, tal como evidencian otras investigaciones, por citar el trabajado de los colegas de Ruralidades Críticas donde en un seminario exponen los resultados de sus encuestas que evidencian las condiciones de esclavitud moderna que establece la OIT.”

Posteriormente, se desmonta el concepto de esclavitud “moderna”, ya que es son remanentes de la explotación del feudalismo, o incluso, del esclavismo, y que no sólo se da en países como Chile, en países imperialistas como España, Canadá, Inglaterra o Estados Unidos se realiza entre otras formas mediante una visa de trabajo, en las que los obreros del campo dependen de su empleador para poder mantenerse en el país, y por tanto soportan abusos y maltratos. “En nuestro país la coacción está dada por la criminalización de la migración, donde hoy en día ser migrante irregular es casi como cometer un delito, por algo se usa la horrible frase de ‘inmigrantes ilegales’. Y en ese sentido, con gran población de extranjeros irregulares; en este minuto el enganche, la dependencia es una tendencia de carácter económico y adicionalmente, la dependencia y el temor de ser deportados. Van cambiando los mecanismos. Hoy no hay visa sujeta a contrato pero ahora tenemos la expulsión del país.”

Posteriormente se habla de cómo la subcontratación sirve para debilitar al movimiento sindical e impedir que el trabajador denuncie, ya que muchas veces hay múltiples contratistas y es una red que impide reclamar. También se denuncia cómo la trata de personas hace que hay gente “inferior y superior”. “Se requiere, además, que los trabajadores se unan, porque estamos en una situación de David y Goliat.” añade Rudnick.

La entrevista finaliza con: “También es esclavitud moderna porque la víctima no está encadenada sino lo que hay es la utilización del miedo como mecanismo de sujeción, donde se atemoriza de varias formas, como deberle el sueldo al trabajador, haciendo que éste no se vaya para no perder el dinero que se le adeuda. O temes ser deportado, o perder la pega en un contexto en que toda tu familia depende económicamente de ti y no hay más ofertas laborales. Así, las empresas tienen un tremendo poder de influencia al ser de las pocas fuentes laborales de un lugar (como los pueblos, villorrios y ciudades en las zonas campesinas y rurales), esa diferencia de poder no debería ser usada a su favor. Pero hoy vemos que hay aprovechamiento en Chile.

No dejamos de sorprendernos del nivel de bajeza, de lo miserables que pueden ser los empresarios para con el temporero que recoge la fruta y que finalmente hará millonarios a los dueños de esas empresas de los mercados internacionales al no considerar los derechos laborales.

Además es una aberración en las supuestas reglas del juego en los mercados “libres” capitalistas, que se supone que deben ser de libre competencia, pero tenemos dumping social. Todo eso implica peores condiciones a los trabajadores en pos que la empresa tenga mayores ventajas.”