Brasil: ‘Reforma’ tributaria atiende a los intereses de las clases dominantes

Publicamos una traducción no oficial del artículo de A Nova Democracia encontrada aquí.

La aprobación de la “reforma” tributaria el pasado 7 de julio llama la atención por la rapidez con la que fue aprobada. ¿Por qué fue eso? Además de introducirse en un amplio abanico de contrarreformas, fundamentales para el capitalismo burocrático brasileño, el gobierno de Luiz Inácio complació todos los matices de los partidos políticos reaccionarios a través de la aprobación de enmiendas parlamentarias. Sin embargo, la principal razón de la velocidad fue que el texto aprobado por la inmensa mayoría de los “congresistas” reaccionarios -382 contra 118, incluida parte del propio PL, el partido de Bolsonaro, votó a favor- cumplió completamente con el lobby político más fuerte: los bancos y latifundistas (principalmente del “agronegocio”, enfocado en la exportación de materias primas).

La movilización de estos grupos de poder de las clases dominantes, vinculados a banqueros, latifundistas y grandes empresas mineras, demostró superar todas las “divisiones ideológicas” y marcó realmente la diferencia. De no ser así, sería imposible que el Gobierno aprobara la “reforma” fiscal dos meses después de la MP [nota de traductor: Medida Provisional] de Ministerios y tres meses después de la votación del “marco fiscal”, ocasiones en las que, se advierte, el pelegão [nota de traductor: referido a Lula. Sindicalista al servicio de la patronal y el Estado] también abrió la cartera para evitar una crisis política (desde principios de año, el gobierno federal liberó R$ 16,3 mil millones). Luiz Inácio no está sólo en manos de Arthur Lira, sino también en el regazo del latifundio y los banqueros.

¿Qué dice la “reforma” fiscal?

Originalmente, el texto de la PEC 45/2019 preveía la creación de un impuesto único, el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS), administrado por un comité de gestión. Los impuestos federales, estatales y municipales se incorporarían al IBS.

Los principales cambios giran en torno a la creación de tres impuestos y la eliminación de otros. Los creados: el IBS, que engloba los impuestos estatales y municipales; CBS, la Contribución Social sobre Bienes y Servicios que incluiría PIS [nota de traductor: Programa de Integración Social] y Cofins [nota de traductor: Contribución para la Financiación de la Seguridad Social]; y el Impuesto Selectivo, para desincentivar el consumo de productos considerados nocivos para la salud o el medio ambiente (cigarrillos, bebidas alcohólicas, etc.). Los extinto: IPI, ICMS, ISS, etc.

A pesar de los cambios sustanciales, lo principal fue el movimiento de ciertos sectores de las clases dominantes para hacer valer, allí en el texto, los intereses de sus capas y grupos. Veamos.

De acuerdo con el texto aprobado, el Impuesto Selectivo excluye de cobro a los propietarios de sectores de la minería y el agronegocio, a pesar de que el agronegocio y la minería son las actividades y productos finales que han tenido mayor impacto en el medio natural (recuérdese Mariana y Brumadinho) [nota de traductor: accidente causado por la industria minera que desembocó en la rotura de una presa que mató a centenares de personas y sepultó comunidades enteras]. Irónico. Aquellos grandes terratenientes que compren aeronaves, máquinas, tractores y otros vehículos también estarán exentos del pago del IPVA, mientras que los campesinos seguirán pagando un alto IPVA por sus autos utilizados en su pequeña producción. En cuanto al Impuesto sobre Productos Industrializados, sorprendentemente, no llegará a las grandes industrias (!). A pesar de que las tasas de interés se dispararon, los bancos tampoco se verán afectados por la actual “reforma” fiscal: tendrán un “régimen especial” que se definirá más adelante. Todo acabará entre amigos.

¿Quién apoyó y quién celebró?

Tanto es una “reforma” que sirve única y exclusivamente a los intereses de las clases dominantes que el Frente Parlamentario para la Agricultura (FPA) emitió una nota defendiendo la aprobación de la “reforma” tributaria poco después de que Arthur Lira (presidente de la Cámara de Diputados) anunciara la votación.

Del lado de los banqueros, el presidente de Bradesco [nota de traductor: el segundo banco con mayores activos líquidos y con mayores activos de Brasil] (Luiz Carlos Trabuco) celebró la aprobación de la reforma tributaria: “el sistema tributario brasileño gana frescura y modernidad”. El presidente de Itaú Unibanco [nota de traductor: el instituto bancario más grande de Brasil y en Latino América] siguió el mismo tono y afirmó que la “reforma” tributaria de Lula “ataca el punto central del país, que es la simplificación tributaria”. También celebraron representantes de BTG Pactual, Santander y otros grandes nombres de la gran burguesía.

Queda claro lo siguiente: el Ministerio de Economía de Fernando Haddad es el favorito de los bancos y del latifundio; el gobierno de Luiz Inácio, por lo tanto, ha demostrado ser un aliado más seguro de las clases dominantes que su antecesor, Jair Bolsonaro. Triste, pero los resultados no mienten.