Persecución política en Brasil: El caso de Luzivaldo
Luzivaldo es un campesino y coordinador del campamento Boa Vista en Campina Verde, Minas Gerais. Esta región está dominada por los latifundistas, y como respuesta los campesinos pobres se organizaron y en 2014 llevaron a cabo la toma de tierra, del que nacería el campamento Boa Vista. Recientemente, Luzivaldo ha sufrido una persecución política y por tanto ahora ha sido condenado a 15 años de cárcel por un delito que no cometió ni está probado, siendo una condena política para perseguir a los campesinos que luchan por la tierra.
Durante el proceso, se vieron diferentes incongruencias y mentiras que se usaron en el juicio que diferentes testigos desmintieron. Sin embargo, durante el juicio se tomaron como verdades aunque no había más que suposiciones sobre estas mentiras que supondrían la “motivación” de Luzivaldo para llevar a cabo el crimen. Así lo denuncia ABRAPO [Associação Brasileira dos Advogados do Povo Gabriel Pimenta – Asociación Brasileña de Abogados del Pueblo Gabriel Pimenta] en una entrevista para el periódico A Nova Democracia.
El juicio tampoco ha demostrado la autoría del crimen, solo se ha basado en las falsas hipótesis para poder condenar a Luzivaldo. La propia policía admitió que no hubieron testigos del hecho. Además, los supuestos testigos que la policía recopiló nunca fueron identificados. Por lo tanto la acusación del coordinador del campamento se basa en supuestos rumores de gente que no vio el crimen. Por esta razón, ABRAPO denuncia el juicio como montaje policial y añaden “Luzivaldo es víctima del proceso mismo, montado para posibilitar la consecución de esta persecución política.”
En las tierras donde se sitúa el campamento Boa Vistas hay una fuerte presencia de latifundios y por tanto los latifundistas tienen una gran influencia política. ABRAPO menciona: “El peso de los latifundios en Campina Verde es gigantesco, porque ellos [los terratenientes] influyen en todas las instituciones: el poder judicial, el ministerio público, las dos policías [civil y militar], el poder
político local”. El propio fiscal, tal y como denuncian, hablaba de votar contra la “industria del despojo”, es decir, la lucha de los campesinos pobres que luchan por la tierra, y luchar por los “derechos humanos”, el derecho a la propiedad privada de los grandes terratenientes. Demostrando que el juicio no fue parcial, sino que había una causa política que lo motivaba. Luzivaldo lleva en la cárcel desde 2019 por supuestamente haber amenazado a un testigo, a uno de los policías de la investigación. Por este supuesto delito, la policía es la única testigo.
Ante este juicio político, ha habido una gran lucha por la liberación de Luzivaldo. Se sacó la consigna ¡Luzivaldo es inocente! ¡Luchar no es un crimen! Y hubieron vigilias con pancartas de organizaciones como el Frente Nacional de Lucha – Campo y Ciudad, MST, Liga dos Camponeses Pobres, Liga Operária, colonos del asentamiento Boa Vista, entre otros.
