AND: Tras 12 años de fracaso contra la guerrilla del EPP, el Ejército paraguayo es calificado de “broma” y “vergüenza”.

A continuación compartimos una traducción no oficial de un artículo publicado por A Nova Democracia (AND) el 14 de septiembre.

Tras 12 años de operaciones y decenas de millones de dólares gastados por el antiguo Estado, el Ministro del Interior prometió derrotar al PPE para 2028; el Ministro de Defensa reconoció que la misión no se había cumplido y culpó a la densa selva.

El reaccionario ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, prometió el 28 de agosto derrotar al Ejército Popular Paraguayo (EPP) y localizar a tres personas desaparecidas antes de que finalice su mandato en agosto de 2028. Esta nueva promesa otorga dos años más a las fuerzas represivas, que, tras 12 años de operaciones y (al menos) 68 millones de dólares gastados, han fracasado en su vergonzosa misión de aniquilar a un contingente que el propio Estado reducía a «unos 14 guerrilleros». Ante este lamentable resultado contra los revolucionarios, el abogado y profesor de criminología Juan Martens afirmó que el reaccionario Ejército Paraguayo y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) son «una broma» y «una vergüenza».

Desde su fundación el 1 de marzo de 2008, el PPE libra una lucha armada que se ha convertido en una espina clavada para los sucesivos gobiernos, los grandes terratenientes y toda clase de reaccionarios en la «Isla Rodeada de Tierra», como el escritor y demócrata paraguayo Augusto Roa Bastos apodó al país. Ni la superioridad numérica y militar, ni el cuantioso presupuesto asignado al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) han dado los resultados prometidos con tanta frecuencia por el Estado.

En una entrevista con la emisora ​​de radio La Tribu 650 AM, Riera reiteró sus promesas de contrainsurgencia, afirmando que el gobierno posee información sobre el EPP y cuenta con informantes en la región. El ministro presentó la derrota del grupo guerrillero como un «compromiso personal y gubernamental» y prometió localizar al exvicepresidente Óscar Denis, al suboficial de policía Edelio Morínigo y a Félix Urbieta, desaparecidos en 2020, 2014 y 2016, respectivamente, en acciones atribuidas por el antiguo Estado paraguayo al EPP.

Enfurecido, Riera continuó con sus amenazas y arremetió contra las familias de los guerrilleros exiliados, en particular contra los miembros de la familia Villalba que residen en Venezuela. «Las mujeres Villalba que están en Venezuela saben dónde están. Venezuela está en una situación difícil y necesitamos encontrar otras maneras de traerlas de vuelta. Las hemos encontrado tres veces. El segundo grupo que está en la selva lo sabe, y esa nueva generación que secuestró a Almir [ Almir de Brum da Silva ]#atfp_close_translate_span# también lo sabe, y creemos que pueden ser aprehendidos», ladró Riera. La amenaza va dirigida a la misma familia contra la que las fuerzas represivas ya asesinaron a Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ambas de 11 años, en septiembre de 2020, e hicieron desaparecer a Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, conocida como Lichita, que entonces tenía 14 años.

En una entrevista concedida al periódico paraguayo ABC, Juan Martens afirmó que la incapacidad para neutralizar a un grupo supuestamente pequeño no puede atribuirse a la falta de recursos, ya que la CODI recibe entre 8 y 14 millones de dólares anuales. Para el criminólogo, el fracaso podría beneficiar precisamente a quienes se benefician del sistema: «O son inútiles, o la presencia de estos supuestos grupos armados es necesaria y sirve a los intereses de los militares». Si, en 12 años, el Ejército y la FTC no han logrado eliminar al EPP, concluyó, «entonces es una broma; es una vergüenza».

El ejército en la “lucha contra el crimen”

La creciente militarización del campo paraguayo pone de manifiesto la impotencia del antiguo Estado. Inicialmente, las operaciones de la FTC se limitaban a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, extendiéndose posteriormente a Canindeyú. Sin embargo, este año la presencia militar ha alcanzado los 14 departamentos de la Región Oriental, tras la incorporación de Itapúa, Misiones y Ñeembucú. «La situación de seguridad no ha cambiado, pero el territorio militarizado se ha expandido», resumió Martens. Así, en su persecución de la guerrilla, la FTC también ha comenzado a asumir funciones civiles y policiales, custodiar prisiones y reprimir el narcotráfico a pequeña escala en las ciudades.

La exministra de Seguridad, Cecilia Pérez, cuestionó la ampliación del mandato de la CODI, que pasó de un supuesto rol de «contraterrorismo» a uno enfocado en combatir el «crimen organizado». «Primero fueron los narcotraficantes, luego el EPP, luego los narcotraficantes con el EPP», afirmó. Según Pérez, el gobierno no puede alegar haber debilitado al EPP mientras invoca su supuesta alianza con «organizaciones criminales» para explicar el aumento de ataques. Si la afirmación oficial (calumnia) fuera cierta, concluyó, el grupo guerrillero se reorganizó, amplió su área de operación y forjó nuevas alianzas.

Esta asociación difamatoria se produce mientras el gobierno lacayo de Santiago Peña sigue al pie de la letra el manual de contrainsurgencia de Estados Unidos y profundiza su sumisión militar al imperialismo yanqui, tras la aprobación del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, conocido por el acrónimo SOFA, que abre Paraguay a la entrada de personal y equipo militar estadounidense. Este cambio de nombre amplía así el territorio y los poderes otorgados a las reaccionarias Fuerzas Armadas, quizás la razón por la que el Ministro de Defensa, Óscar González, se niega a admitir la derrota. Aunque reconoció que «el objetivo no se ha logrado del todo», declaró que, de haber fracasado la operación, habría «terroristas» colocando bombas en centros comerciales de Asunción. En cuanto a la imposibilidad de localizar a los guerrilleros, culpó a la densa selva.

La lucha por la tierra es la llama que alimenta la insurgencia.

El incidente más reciente atribuido por el gobierno al PPE ocurrió el 21 de julio en el asentamiento de Naranjito, donde dos policías y un residente murieron durante un ataque armado. Riera declaró que el episodio sería respondido con “todo el peso del Estado y la ley”. La respuesta llegó menos de un mes después, pero no contra el PPE.

En respuesta a la alarma lanzada por los grandes terratenientes, que alegaban que los «campesinos radicalizados» apoyaban a los combatientes y convertían los asentamientos en «zonas guerrilleras», el antiguo Estado lanzó la denominada «Operación Renacimiento» contra el asentamiento Primero de Marzo. La ofensiva movilizó a más de 300 agentes de las fuerzas represivas y nueve fiscales en una zona campesina de casi 7.000 hectáreas, donde cientos de familias luchan por la regularización de sus tierras.

A pesar de la ofensiva militar del antiguo Estado y del elevado presupuesto destinado a combatir a los revolucionarios del EPP, un estudio realizado por AND, basado en artículos periodísticos e informes de seguridad pública de Paraguay, muestra que, a lo largo del conflicto, las fuerzas represivas sufrieron bajas significativas, entre ellas 20 agentes de policía y 14 soldados eliminados en emboscadas y enfrentamientos, lo que demuestra que la superioridad numérica, militar y financiera del Gobierno no se traduce en una victoria estratégica sobre el terreno. Por el contrario, las operaciones de contrainsurgencia llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos han dado lugar a una neutralización limitada, con aproximadamente 20 bajas mortales en las filas del EPP desde 2008, mientras que el conflicto sigue cobrándose un alto precio en vidas civiles, con más de 40 muertes registradas entre campesinos, indígenas, residentes de la región norte, así como familiares de los guerrilleros, como el asesinato criminal de las dos niñas argentinas, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ambas de 11 años, el 2 de septiembre de 2020, además de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Villalba, conocida como Lichita.

The militarized region is also home to one of the worlds largest concentrations of land ownership. The president of the National Institute for Rural and Land Development, Francisco Ruiz Díaz, himself acknowledged that the country is experiencing «the greatest concentration of land ownership in the entire history of Paraguay.» In 122 years, the old State acquired almost 5 million hectares, but transferred only 5% to peasants. According to the 2022 Agricultural Census, properties larger than 1,000 hectares concentrate 77% of the countrys agricultural land, approximately 23.4 million hectares, while the National Peasant Federation estimates that more than 300,000 peasants lack access to land.

El EPP, fundado oficialmente en el norte de Paraguay en 2008 como una escisión del Partido Patria Libre (PPL), surgió del movimiento de resistencia campesina. Tras el desmantelamiento del PPL, algunos guerrilleros se reorganizaron bajo el liderazgo de figuras como Carmen Villalba, afirmando que la vía institucional había fracasado. La organización denuncia la «reforma agraria» prometida por los distintos gobiernos como una farsa. El grupo, de carácter proletario, se define como marxista-leninista y opera principalmente en los departamentos de Concepción, Canindeyú y San Pedro. Para los combatientes del PPE, la lucha armada revolucionaria es la única respuesta posible contra el latifundio.

Ya hemos informado anteriormente sobre la creciente represión política del Estado paraguayo: