AND: Bajo fuerte presencia yanqui y militarización, ataque atribuido al EPP destruyó puesto policial en Paraguay

A continuación compartimos una traducción no oficial de un artículo de A Nova Democracia (AND) publicado el 23 de julio.

Un ataque de grandes proporciones destruyó por completo el puesto policial nº 4 de la colonia Naranjito, en el distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú, y se saldó con tres muertos —dos policías y un vecino de la zona— durante una fuerte tormenta en la noche del 21 de julio. La acción armada de un grupo estimado entre 20 y 30 personas tuvo lugar alrededor de las 22:30 horas, en una propiedad rural a orillas de la carretera PY03, y dejó en llamas la sede, un coche patrulla y otros vehículos policiales, lo que provocó la movilización inmediata de fuerzas policiales y militares y generó gran revuelo en la prensa reaccionaria paraguaya. Después de considerar tanto al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) —que libra una lucha armada revolucionaria en el país— como a organizaciones delictivas vinculadas al llamado «crimen organizado», el Gobierno, encabezado por el lacayo Santiago Peña, atribuyó el ataque al grupo guerrillero basándose en una comparación balística con otra acción ocurrida en mayo de 2025.

Como resultado directo del ataque, fallecieron el suboficial mayor Atilio Martínez Barrios, de 40 años, y el suboficial inspector Herminio Ojeda González, de 33 años, además de un funcionario identificado como Josemar Escobar Piris, de 37 años, que se encontraba presente en el momento de la embestida contra la unidad policial. ​El suboficial mayor Víctor Raúl Gavilán, de 47 años, recibió tres disparos que le rozaron, pero se encuentra fuera de peligro; el suboficial inspector Édgar Adalberto Núñez Vázquez, de 36 años, logró escapar ileso.

Ante el ataque, el ministro del Interior, Enrique Riera, declaró públicamente ante la prensa: «Se trata de un atentado contra el Estado al que se responderá con la misma fuerza, con todo el peso del Estado y de la ley, porque esto no quedará impune». El representante de la alta burocracia estatal anunció la intensificación de las operaciones conjuntas llevadas a cabo por las fuerzas de represión en el departamento de Canindeyú, con la participación de equipos de criminalística y peritos forenses, y afirmó que los autores materiales de la ofensiva serían localizados, investigados y entregados a la justicia. En ese momento, Riera declaró que aún no era posible determinar la autoría de la acción.

Por otra parte, el general de brigada Alberto Gaona, comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), declaró en una entrevista a la cadena ABC Cardinal que las operaciones tácticas de dicha fuerza armada se basaban en la información facilitada por el Batallón de Inteligencia Militar (BIMI). El militar detalló que las tropas centraban los rastreos en zonas con grandes reservas indígenas como Mbaracayú, Morombí y Guaraní, pero señaló que las búsquedas se enfrentaban a limitaciones logísticas debido a las lluvias torrenciales, que dificultaban la localización de rastros en la zona rural. Además, el oficial superior puso en duda la autoría del EPP, argumentando que la organización guerrillera no solía emplear escopetas a gran escala y que, según los datos del CODI, contaría con menos de 15 combatientes activos.

Sin embargo, horas después de afirmar que aún no era posible determinar la autoría, el ministro Enrique Riera declaró que el último informe presentado al presidente Santiago Peña atribuía el atentado al EPP. Según Riera, el análisis balístico concluyó que una de las armas utilizadas en el ataque era la misma que se empleó el 3 de mayo de 2025 contra el décimo puesto policial de Ybyrarobaná, en Canindeyú, cuando se realizaron aproximadamente 35 disparos y se encontraron panfletos atribuidos al grupo. «La autoría se atribuye al EPP. El último informe balístico confirma que el arma utilizada es la misma que se empleó en el ataque del 3 de mayo contra el puesto de Ybyrarobaná», afirmó.

Canindeyú concentra conflictos agrarios y operaciones militares

Mientras que algunos sectores del viejo Estado intentaban restar importancia a la capacidad militar del EPP —afirmando que el grupo contaría con menos de 15 miembros activos y que no utilizaría rifles a gran escala—, los monopolios de la prensa paraguaya ya atribuían la acción a la organización y contabilizaban decenas de muertes de civiles a lo largo de los años. Horas más tarde, el propio Gobierno comenzó a atribuir al EPP el ataque perpetrado por un grupo estimado de entre 20 y 30 personas. Sin embargo, dicha cobertura oculta la raíz del conflicto agrario y las violentas disputas por la tierra que enfrentan a campesinos y pueblos indígenas contra el latifundio agroexportador en la región oriental del país.

Históricamente, las acciones atribuidas al EPP han asestado golpes contundentes contra las fuerzas de represión del gobierno lacayo, acumulando decenas de bajas entre agentes de policía y efectivos militares. Según un recuento del propio ABC Color, 20 agentes de la Policía Nacional y 14 militares han fallecido en ataques atribuidos al grupo desde 2004, en enfrentamientos y emboscadas ocurridos en las zonas rurales de departamentos estratégicos como San Pedro, Amambay y Canindeyú. Los registros evidencian la capacidad táctica y la persistencia de la resistencia armada frente a la violencia sistemática del viejo Estado. Entre los episodios más destacados se encuentran la muerte de tres policías en la colonia Yaguareté Forest, en 2015, y el ataque con un artefacto explosivo fabricado a partir de una bombona de gas contra un convoy militar del CODI, en San Pedro, en 2021.

La actual ofensiva militar se intensificó a partir de febrero, tras el secuestro de Almir de Brum da Silva, hijo del terrateniente brasileño Valmir de Brum, en la región de Curuguaty. El Gobierno aprovechó este suceso para ampliar la actuación militar en territorio paraguayo. En una reunión extraordinaria, el Consejo de Defensa Nacional autorizó el desplazamiento flexible de efectivos de las Fuerzas Armadas más allá de los límites departamentales de la Fuerza Operativa Conjunta, permitiendo la movilización del denominado «poder de fuego del Estado» conforme a la amenaza identificada.

En el lugar del secuestro atribuido a los guerrilleros se encontraron volantes y notas dirigidas al terrateniente productor de soja, afirmando que el desalojo violento de los campesinos pobres constituye una «deuda de sangre con el pueblo», cuyo cobro «no tiene plazo», y se exigía la retirada de las fuerzas de represión. La movilización estatal contrasta con las propias afirmaciones de que el EPP se habría reducido a unos pocos miembros: el Gobierno ha desplegado tropas especiales y ha ampliado la actuación del CODI, convirtiendo la región fronteriza en un campo de operaciones militares.

El ministro Enrique Riera describe la región de Canindeyú como un auténtico «cóctel explosivo» en la región oriental. La administración lacaya agrupa bajo el mismo paraguas la actividad guerrillera, las organizaciones vinculadas al tráfico de drogas, las supuestas plantaciones de marihuana y los conflictos por la tierra. Siguiendo el guion de Estados Unidos (EEUU) de vincular los movimientos revolucionarios con el narcotráfico, el viejo Estado utiliza este marco como biombo ideológico para ampliar la presencia militar en las regiones campesinas e indígenas y legitimar la represión contra las masas que se resisten a los ataques del latifundio agroexportador.

Injerencia yanqui contra el movimiento revolucionario

La militarización interna avanza junto con la presencia militar yanqui en Paraguay. En enero, un avión C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (EEUU) descargó armamento y munición destinados al entrenamiento del Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales paraguayo. Días después, Washington anunció una aportación de 11 millones de dólares para ampliar las capacidades de estas tropas.

En marzo, el Congreso paraguayo ratificó el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, firmado en Washington el 15 de diciembre de 2025. El pacto establece el régimen jurídico para la presencia temporal de militares, funcionarios civiles y contratistas del Departamento de Defensa de EEUU en entrenamientos, ejercicios y otras actividades acordadas por ambos gobiernos.

Este avance militar se insiere en la creciente entrega de la soberanía paraguaya al imperialismo yanqui y en la sumisión a los intereses de los grandes terratenientes locales —una de las causas estructurales de la actividad guerrillera y de la revuelta popular en el país. La presencia militar extranjera refuerza el dominio yanqui sobre la región de la Triple Frontera y la aplicación de métodos de guerra de baja intensidad contra los movimientos populares y revolucionarios.

En el programa A Propósito #369, el director general de AND, Víctor Bellizia, al analizar la «Doctrina Donroe», la calificó de «política contrarrevolucionaria preventiva», destinada a contener la desestabilización del orden semicolonial en América Latina. Bellizia destacó además que la preocupación del imperialismo yanqui tiene una base concreta: «En Paraguay también hay lucha armada. Por lo tanto, existe lucha anti-imperialista en el subcontinente».