Brasil: Contra la criminalización de la lucha por la tierra: Cuatro jóvenes detenidos en Rondônia son absueltos.

A continuación publicamos una traducción no oficial de un artículo publicado en la web del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos (CEBRASPO).

El MPF consideró «dudosas y contradictorias» las pruebas contra los cuatro jóvenes campesinos de Rondônia, que participaron en la toma de la Fazenda Santa Elina, escenario de la batalla de Corumbiara, en 1995.

El Ministerio Público Federal consideró las pruebas contra los cuatro jóvenes campesinos de Rondônia “dudosas y contradictorias”. Los activistas participaron en la toma de la Fazenda Santa Elina, escenario de la Batalla de Corumbiara, y habían sido detenidos por la Policía de Rondônia el 14 de mayo de 2021, acusados de portar ilegalmente un arma y también portar transmisores de radio durante una operación ilegal contra la acampar. En su momento, la Liga de Campesinos Pobres caracterizó la detención como persecución política, denunciando que la única fuente para el proceso legal eran testimonios de agentes de la policía militar.

En ese momento, el primer ministro de Rondônia estaba encabezado por José Hélio Cysneiros Pachá (conocido como “el carnicero de Santa Elina”) elegido por el gobernador bolsonarista, coronel Marcos Rocha. Movimientos populares y abogados denunciaron que las intenciones del gobierno de Rondônia eran reprimir y vengarse de la lucha campesina y de los activistas que participaron en el histórico Campamento Manoel Ribeiro.

Colegio de abogados da detalles de la absolución

La Asociación Brasileña de Abogados del Pueblo Gabriel Pimenta (Abrapo) afirmó que el Ministerio Público Federal corroboró las tesis de la defensa, considerando dudosas y contradictorias las pruebas contra los jóvenes, y decidió absolver a los cuatro activistas (tres campesinos y un estudiante de la UNIR).

Abrapo explica además que al analizar las pruebas, el MPF y el Tribunal Penal Federal ridiculizaron las pruebas del hecho (portación de arma y portación de radiocomunicadores). La defensa denunció que el arma encontrada con los cuatro era un acto fraguado por la policía con el objetivo de criminalizar la lucha por la tierra, pero no había sido analizada por el poder judicial. Además de ignorar la ilegalidad del hecho de que los únicos testigos escuchados fueran los propios agentes de policía, el arma que supuestamente estaba en posesión de uno de los activistas se utilizó para condenar a los activistas en el Tribunal Estatal.

Con el nuevo entendimiento del MPF, será posible cuestionar la condena, solicitando una revisión penal, que Abrapo considera “bastante prometedora”.

La nota finaliza afirmando que “esta es una victoria importante de la lucha colectiva, de los abogados del pueblo, de Abrapo, de Cebraspo, del diario E, y de todos los partidarios de la lucha por la tierra de quienes viven y trabajan en él».

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