
India: la PUCL condena los asaltos de la NIA contra defensores de los derechos humanos y organizaciones por los derechos en AP y Telangana
Imagen de cabecer: logo del Sindicato Popular por las Libertades Civiles (People’s Union For Civil Liberties – PUCL). Fuente: web de la PUCL.
A continuación publicamos una traducción no oficial del comunicado de la PUCL publicado en Countercurrents, encontrado aquí.
La PUCL condena enérgicamente y deplora las asaltos de funcionarios de la NIA [Nota del traductor: National Investigation Agency, parte de los cuerpos represivos del Estado indio] el 2 de octubre de 2023 en 62 lugares en los estados de Andhra Pradesh [Nota del traductor: en el comunicado se usa como abreviatura, “AP” para referirse a este Estado] y Telangana y el arresto de una persona en el distrito de Sri Sathya Sai, ya que no son nada más que una caza de brujas de defensores de los derechos humanos y un abuso de poder a través de la persecución de activistas, que han estado abordando constantemente los problemas de los sectores más marginados y oprimidos de la sociedad en AP y Telangana, Adivasis y dalits, en los tribunales, en los foros públicos y en los medios de comunicación.
La mentira de la NIA al lanzar los asaltos de manera descaradamente intimidatoria y abiertamente coercitiva, queda expuesta por la afirmación de la NIA de que los asaltos en casas y oficinas de funcionarios del Foro de Derechos Humanos (HRF), el Comité de Libertades Civiles y otras organizaciones estaban relacionadas con el caso de la conspiración de Munchingput del 23 de noviembre. 2020, que acusó a 63 personas de diferentes grupos de derechos humanos y organizaciones de masas bajo la temida UAPA. La NIA se hizo cargo del caso el 7 de marzo de 2021. Según el comunicado de prensa de NIA, la Agencia había “realizado búsquedas el 31 de marzo y el 1 de abril de 2021 en 31 ubicaciones repartidas en ocho distritos de Andhra Pradesh, a saber, Visakhapatnam, Guntur, Prakasam, Srikakulam, Kurnool, Krishna, East Godavari y Kadapa y cuatro distritos de Telangana, a saber, Ranga Reddy, Hyderabad, Medchal-Malkajgiri y Medak”. Los asaltos se dirigieron contra HRF, CLC – AP y Telangana, CMS, Veerasam, KMPS y otras organizaciones.
Durante los últimos 2,5 años, las investigaciones no dieron lugar a la recopilación de ninguna prueba incriminatoria (documentos o materiales) contra ninguna de las personas acusadas. De hecho, el Tribunal Especial, en virtud de la Ley de la UAPA, que concedió la libertad bajo fianza a los acusados, formuló comentarios mordaces sobre la naturaleza de las denuncias y las pruebas reunidas, al tiempo que concedió la libertad bajo fianza.
La naturaleza motivada y fabricada de la FIR de Munchingput quedó expuesta por la acusación de que VS Krishna y otros miembros de la HRF habían influido en las sobrevivientes de violación de Vakpally (todas mujeres jóvenes adivasis) para que testificaran falsamente contra los policías de las Fuerzas Especiales acusados de su violación. La HRF señaló en una declaración emitida en 2020, que fue gracias a las órdenes del Tribunal Superior en 2012 y la Corte Suprema en 2017 que se celebró el juicio y que, por lo tanto, “ciertamente no es un delito proporcionar alimentos y refugio a las mujeres testigos adivasis que han venido de áreas remotas para testificar en un juicio penal ordenado por la ley. Es debido a esta solidaridad y activismo sostenido por los derechos, que la policía ahora está tratando de intimidar a V.S. Krishna en lo que creemos que es un claro caso de venganza”.
Es en este mismo caso bajo la UAPA, obviamente falso y fabricado que la NIA junto con la policía de AP y de Telangana, ha llevado a cabo asaltos simultáneos en más de 60 lugares. El momento y la forma de llevar a cabo los asaltos son sospechosos y respaldan la sospecha de que han sido organizadas por la NIA para intimidar, amenazar y silenciar a los defensores de los derechos, activistas de base, personas de los medios de comunicación y ciudadanos preocupados para que no busquen rendición de cuentas, critiquen o cuestionen al Gobierno ni al ejecutivo político.
Además, en lo que se está convirtiendo en una tendencia en tales casos de asaltos por parte de la policía y criminalización de defensores de los derechos humanos, la NIA ha incautado los dispositivos electrónicos, incluidos los teléfonos móviles, de activistas de derechos humanos y otros funcionarios, sin proporcionarles copias clonadas o valores hash, comprometiendo así la integridad de los datos en los dispositivos. violar el procedimiento de incautación y violar su derecho a la privacidad.
Estos asaltos no son más que un intento de intimidar y silenciar a los activistas por los derechos humanos que ejercen su derecho constitucional a la expresión, asociación y reunión. Silenciar a los activistas de derechos humanos y libertades civiles empobrecerá la democracia india, ya que la disidencia es la esencia misma de una democracia constitucional. Los asaltos ahora en AP y Telangana son una continuación de asaltos y arrestos en nombre del control de grupos maoístas en varios estados: en el mes de mayo de 2023 en Jharkhand, agosto de 2023 en Bihar, a principios de septiembre de 2023 en UP.
Todas estos asaltos deben verse en el contexto del período previo a las elecciones de 2024, donde toda disidencia debe ser silenciada y las voces por los derechos humanos suprimidas. Es importante señalar aquí que las elecciones estatales a Telangana también están programadas para diciembre de 2023.
Es necesario señalar que la NIA, al no concluir la investigación pero mantenerla abierta durante muchos años, está en efecto, colocando una soga mortal sobre los implicados en el caso. La posibilidad siempre presente de ser arrestada por la NIA no sólo roba la tranquilidad de los activistas y sus familias, sino que también les quita su dignidad y derechos democráticos. Esto va en contra de los principios de la democracia constitucional y el derecho a la vida con dignidad.
En esta coyuntura, las observaciones del juez Chandrachud en su opinión disidente en el caso ‘Romila Thapar v Union of India’ son relevantes:
“Las personas que defienden causas que pueden ser impopulares para los eslabones del poder tienen derecho a las libertades garantizadas por la Constitución. La disidencia es un símbolo de una democracia vibrante. Las voces en la oposición no pueden ser amordazadas persiguiendo a quienes asumen causas impopulares”.
La PUCL exige que todos los detenidos sean puestos en libertad de inmediato y que se retiren los casos en su contra. La PUCL también exige que todos los aparatos electrónicos, incluidos teléfonos móviles, computadoras portátiles, discos duros portátiles, dispositivos de guardado y otros documentos, sean entregados a las personas a las que les han sido incautados.
La PUCL también exige que también se cierre la FIR de la UAPA en el caso Munchingput y que se detenga de inmediato la caza de brujas similar que se lleva a cabo contra activistas y defensores de derechos humanos.
Kavita Srivastava, Presidente, PUCL
V. Suresh, Secretario General, PUCL