AND: Editorial Semanal – Un terreno aun más favorable para la revolución
A continuación publicamos una traducción no oficial del Editorial Semanal de A Nova Democracia.
Para cambiar cómo se desarrolla la situación, los generales del Alto Mando tendrán que pagar mucho más de lo que habrían pagado, por ejemplo, en 2017. No hay duda que la situación para la lucha popular y revolucionaria se ha vuelto aun más favorable.
La ofensiva contrarrevolucionaria del Alto Mando de las Fuerzas Armadas (ACFA), que está por cumplir nueve años, perdió la iniciativa tras el desastroso motín del 8 de enero de 2023, aun más ahora con el avance de las investigaciones. Las Fuerzas Armadas perdieron gran parte de la “legitimidad” que decían tener por sus acciones durante el gobierno de Bolsonaro, que en realidad fueron un ataque criminal contra el pueblo y la Nación, al salir a la luz muchos de sus complots golpistas. Además, su imagen de institución “santa y pura”, “incorruptible”, ya se había desmoronado, cuando surgían quejas por el sobreprecio de sus suministros, la brutal desigualdad de salarios entre los bajos y los altos rangos, por no hablar de la administración interesada de la pandemia de Covid-19. Pero ¿por qué la ofensiva contrarrevolucionaria del ACFA tiene un terreno más desfavorable?
Cuando el entonces comandante del Ejército, Eduardo Villas-Bôas (representante de la derecha hegemónica en ACFA) dijo en 2017 que “las Fuerzas Armadas deben ser protagonistas silenciosas para que la sociedad sepa que la crisis no superará ciertos límites”, y lanzó las consignas de “legitimidad, estabilidad, legalidad”, estaba estableciendo un plan de intervención militar. Todas las preocupaciones y escenarios ideados por el ACFA se centraban en dos aspectos: por un lado, era necesario centralizar las instituciones reaccionarias haciéndolas funcionar bajo un único plan reaccionario formulado por ellas, para enfrentar un escenario de levantamiento popular; por otro lado, era necesario someter tales instituciones en la medida de lo posible, sin chocar con el orden jurídico, sin que pareciera un golpe militar, para no generar resistencias de la mayoría de la sociedad e incluso de otras instituciones, que terminaría perdiendo espacio en el Poder Político. Se trataba del plan de intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política nacional con el objetivo de evitar el empeoramiento de la situación revolucionaria, que se había reconstruido tras los Levantamientos Populares de 2013-14. En este plan, una ruptura institucional sólo se justificaría como último recurso; o, en palabras de Villas-Bôas y otros llamados “generales legalistas” (léase, la derecha hegemónica en el ACFA): la ruptura institucional sólo sería en el caso de lo que él llama una “crisis social”, para salvaguardar los “poderes constituidos”. Un golpe encubierto, en definitiva, que sólo se revelaría en casos extremos.
Los movimientos de la extrema derecha bolsonarista, buscando disputar el rumbo de la ofensiva contrarrevolucionaria y precipitar la ruptura institucional, generaron una situación tal que, hoy, las reaccionarias Fuerzas Armadas fueron nuevamente desenmascaradas como esencialmente golpistas. Las investigaciones sacaron a la luz pública toda la podredumbre de las Fuerzas Armadas, todos los elementos de los preparativos del golpe, demostrando que –sí– Brasil estaba a punto de regresar a un régimen militar, cualquiera que fuera el resultado, y que esto no es “una cosa del pasado».
Veamos el resultado práctico del plan derechista del ACFA. Este, que pretendía llevar a cabo la intervención militar de forma paulatina para quitar lo que consideraba un exceso de poder al STF, hoy se encuentra siendo investigado por un STF mucho más fuerte, que concentra más funciones que antes. El Congreso, que según el plan del ACFA debería tener menos poderes y funciones, hoy tiene control no sólo sobre la agenda política del país, sino sobre la parte más importante del propio Presupuesto; el Congreso nunca ha sido más poderoso. Hoy, culminar la intervención militar con el cierre del régimen por la fuerza en un intento de combatir un levantamiento popular o revolucionario producirá una resistencia diez, cien veces mayor, de diversos sectores de la sociedad, incluidos los de derecha y los reaccionarios; un golpe militar “para salvaguardar los poderes fácticos” es mucho menos justificable hoy que en 2017, incluso para la derecha tradicional. Todas las instituciones, que según el plan del ACFA deberían estar centralizadas, se han vuelto aun más ambiciosas en su lucha por el poder político: el STF “atropella” al Congreso y éste quiere someterlo a sí mismo; la Cámara de Diputados “atropella” al Senado Federal; el Congreso Nacional controla el gobierno federal, etc. En consecuencia, crecen las crisis políticas, la tendencia a la ineficacia del sistema de gobierno, el desenmascaramiento de personajes políticos ante las masas y el creciente descrédito de las instituciones ante el pueblo. Todo conduce a la intensificación de la lucha de clases, al empeoramiento de la situación revolucionaria que el ACFA, en 2015, pretendía aplacar, cuando lanzó su ofensiva contrarrevolucionaria preventiva.
A pesar de mantener una alta vigilancia contra el golpe –pues no ha sido derrotado estratégicamente, ni ha sido conjurado en el corto plazo–, es necesario reconocer que el camino hacia la intervención militar es más desfavorable. Para cambiar cómo se desarrolla la situación, los generales del Alto Mando tendrán que pagar mucho más de lo que habrían pagado, por ejemplo, en 2017. Esto es lo principal. No hay duda que la situación para la lucha popular y revolucionaria se ha vuelto aun más favorable.
