Brasil: lucha en el Complexo da Maré
Imagen de cabecera: policía entrando en la favela. Fuente: A Nova Democracia
En la mañana del 19 de agosto, vecinos del Complexo da Maré, Rio de Janeiro, se rebelaron contra la operación de desalojo llevada a cabo por la Policía Militar. La policía destruyó un complejo residencial entero. Fue la 24ª operación policial en el Complexo da Maré sólo en 2024. También se registraron operaciones policiales en Morro do Urubu y Morro do Quitungo, ambos en el norte de Rio de Janeiro.
La policía empezó entrando en las favelas Nova Holanda y Parque União durante la madrugada y pronto inició la operación de desalojo. Obreros llevaron a cabo una manifestación a la vez que denunciaron que este es otro episodio de violencia policial en la comunidad, con la excusa de ser una operación de “lucha contra el tráfico de drogas”. Los obreros cerrando la Avenida Brigadeiro Trompowski y montaron barricadas, quemando neumáticos y otros materiales. Como resultando, la Linha Vermelha (una de las vías principales de la ciudad) fue bloqueada.
La policía respondió a la manifestación con brutal represión, empujando y golpeando a los manifestantes con palos y disparando bolas de goma. Los residentes no fueron intimidados y chocaron con la policía, defendiendo sus derechos y protestaron contra la violencia policial y las operaciones arbitrarias.
Alrededor de 900 estudiantes de dos escuelas fueron sacados de las clases, mientras 24 escuelas fueron afectadas por la operación policial. La clínica familiar Jeremias Moraes da Silva suspendió sus operaciones durante la mañana y la Clínica Familiar suspendió la atención domiciliaria.
El día siguiente se lanzó una nueva operación policial, con nuevas consecuencias para los residentes, como el cierre de decenas de escuelas. Los monopolios de prensa tuvieron el rol de repetir la versión de la policía, afirmando que los edificios afectados servían para “tráfico de drogas” y “lavar dinero”. Mientras tanto, la policía militar continúa su práctica de vender armas a diferentes grupos lumpen. Estos también están apoyados por los militares que permiten la entrada de drogas en los barrios.
El tercer día consecutivo de la agresión en el 21 de agosto, trajo acciones de desalojo contra vecinos, y las informaciones indican que la policía militar empezó a romper las paredes y techos incluso cuando los vecinos incluyendo los niños y ancianos estaban en los edificios. Ese día la policía militar llegó a las comunidades de Nova Holanda y Parque União aproximadamente a las 5:30 de la mañana. La policía civil llegó a la Avenida Brasil.
Los vecinos informaron que agentes de policía robaron las pertenencias de los obreros: “No podemos trabajar porque dejamos la casa y cuando volvimos no encontramos nada. ¡No pudimos encontrar siquiera la TV porque ellos tomaron todo! ¡No tiene sentido llevar la factura, y no tiene sentido que cojan eso!”. Los monopolios de prensa han ignorado la situación de los vecinos y repetido las mismas mentiras de la policía, incluso afirmando que lo que saqueó la policía eran lujos.
Los vecinos se reunieron para llevar a cabo una nueva protesta y cerraron la Avenida Brasil, hacia Campo Grande, pero la manifestación fue rápidamente atacada por la policía militar que ya había privado de derechos fundamentales a los vecinos. Los conductores de moto-taxis de la comunidad se reunieron y tocaron los cláxones como forma de demostrar su ira contra los ataques del viejo Estado contra la comunidad.
Las comunidades de Nova Holanda y Parque União se enfrentaron al cuarto día de operaciones de la policía militar el 22 de agosto, que actuó en conjunto con la policía civil y el Secretariado de Orden Público (SEOP). La violencia policial sigue provocando que las escuelas no puedan funcionar, afectando los servicios de salud y causando grandes pérdidas a los negocios locales.
Estas acciones de desalojo son parte de una crisis histórica de la vivienda en Brasil, empeorada tras el final de la pandemia. De acuerdo a una encuesta, más de 1,5 millones de personas han sido afectadas por desalojos y expulsiones forzosas entre octubre de 2022 y julio de 2024. Más de 4,939 familias en Rio han sido desalojadas y al menos 5,798 han sido amenazadas con ser desalojadas. Los obreros y sus niños son los más afectados por los ataques. Está creciendo el número de sin techo, en 2022 hubo un incremento del 8,5% comparado con 2020.
