Francia – La Cause del Pueblo: El Gobierno cede ante la toma de poder de la alianza policial.
Por la presente compartimos una traducción no oficial de un artículo publicado por la Cause du Peuple el 19 de noviembre.
Los pocos transeúntes que disfrutan paseando entre los Jardines de las Tullerías, los Campos Elíseos y la Plaza Beauvau saben que el barrio es extremadamente sensible. Las numerosas embajadas, el Ministerio del Interior y, sobre todo, el Palacio del Elíseo y sus terrenos conforman una de las zonas más vigiladas y seguras de Francia. Por lo general, es imposible caminar por los terrenos del palacio presidencial sin que un centinela o guardia ordene cruzar la calle o abandonar la zona de inmediato.
Sin embargo, este miércoles, el sindicato Alliance Police Nationale desafió todo «protocolo republicano» al realizar una marcha improvisada frente al Palacio del Elíseo, simulando instalar un pequeño campamento de tiendas de campaña frente al Ministerio del Interior en la Place Beauvau. Sin declaración a la prefectura, sin autorización previa para marchar en el corazón del aparato estatal; donde cualquier otra protesta habría resultado en víctimas, heridos o incluso la pérdida de vidas, entre 400 y 500 policías obligaron «pacíficamente» al Estado a retroceder.
Según el secretario sindical Fabien Vanhemelryck, al ministro le dijeron: «Somos capaces de hacerlo; podemos volver a hacerlo; somos capaces de hacerlo todos los días si es necesario. Si nos abandonan, el Palacio del Elíseo no está lejos, Matignon no está lejos, conocemos las direcciones». Lo que millones de personas y la juventud del país jamás habían conseguido, el Estado se lo otorgó en menos de una hora. Diez minutos después de la acción sorpresiva, el sindicato fue recibido por el ministro Laurent Nuñez para iniciar las negociaciones, logrando de inmediato un acuerdo de aumento salarial.
La lucha de clases está pasando factura al aparato represivo. Unos días antes de esta acción, supimos que muchos policías, en particular los miembros de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS), estaban eludiendo la prohibición de huelga tomando numerosas bajas por enfermedad. Hace un mes, el 17 de octubre, muchos se negaron a unirse a sus compañeros durante la jornada, ya que el Ministerio había subestimado por completo la magnitud inicial de la represión. Para el Estado, la situación es demasiado grave como para arriesgarse a otra pérdida de confianza en una institución soberana tan vital como la Policía Nacional.
Detrás del temor del régimen subyace la ansiedad de ver cómo sus cimientos se desmoronan. Apenas comprendemos la naturaleza histórica de la revuelta en curso, en particular el nivel de presión ejercida sobre el Estado, especialmente sobre el sistema educativo, el poder judicial y la policía. El Estado sufrió importantes levantamientos policiales en 2016, 2020 y 2023. Desde entonces, ha enfrentado regularmente movilizaciones esporádicas organizadas por sindicatos policiales, aunque de menor intensidad. Aún recordamos vívidamente las imágenes de cientos de agentes marchando de noche, encapuchados o enmascarados, por los Campos Elíseos, amenazando a miembros del parlamento frente a la Asamblea Nacional, desafiando fallos judiciales, etc. Estos movimientos se produjeron simultáneamente con protestas a gran escala de jueces y guardias penitenciarios, e incluso incluyeron amenazas de generales y altos mandos.
Junto a las demandas salariales subyace un impulso más profundo, acelerado por las reformas de reestructuración del Estado: el deseo faccioso de establecer una autonomía relativa para la policía, al margen de los principios básicos del Estado de derecho. Con la esperanza de frenar esta disidencia, el régimen está otorgando gradualmente a los agentes una autonomía e impunidad cada vez mayores, a expensas de la estabilidad del mando: permiso para portar armas de fuego fuera de servicio, delegación de las investigaciones de la IGPN a «unidades éticas locales», intentos de prohibir la grabación o difusión de imágenes de las fuerzas del orden, una «presunción de legítima defensa», viajes gratuitos en tren, etc.
En realidad, la policía ejerce presión sobre el régimen sin intención de rebelarse abiertamente. Las intenciones facciosas de algunos de sus miembros no alteran el hecho de que la existencia misma de la policía depende exclusivamente de su vínculo orgánico con el Estado burgués, su única condición de existencia como cuerpo en conflicto con el resto de la sociedad. Por lo tanto, la toma del poder mediante alianzas es un farol astutamente calculado, instructivo para las masas en lucha, que han visto cómo las demandas de los matones uniformados se satisfacen en cuestión de horas.
Desde el inicio del curso escolar en septiembre y la represión sistemática de toda una generación que, con razón, se encontraba en rebeldía, la brecha entre la ciudadanía y la Policía Nacional nunca ha sido mayor. Atrás quedaron los tiempos en que el régimen había logrado, en gran medida, restaurar la imagen de «guardianes de la paz» ante amplios sectores de la población tras los atentados de 2015. Ahora, es de dominio público que la policía utiliza a grupos fascistas como auxiliares para mantener el orden, según admiten los propios grupos, todo ello alimentado por la total y deliberada falta de transparencia de los portavoces del gobierno. Este martes, el medio StreetPress reveló los estrechos vínculos entre el Director General de la Policía Nacional, Louis Laugier, y el grupo fascista «Ligue Ligérienne» y los católicos tradicionalistas de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. La corporativización avanza, por lo tanto, de la mano de un avance ideológico ultrarreaccionario dentro de los órganos institucionales del Estado, ya profundamente imbuidos de los preceptos del Partido del Orden.