Países Bajos – Acción Revolucionaria: La policía y el poder judicial son justicia de clase.

Por la presente compartimos una traducción no oficial de un artículo de Acción Revolucionaria publicado por la revista REBEL!.

De Utrecht a Rotterdam: cuando el Estado usa la violencia, la justifica. Cuando la gente se resiste a ese mismo Estado, es procesada, encarcelada y castigada. La policía se presenta como protectora de la sociedad. ¿Pero de quién? A la mujer que fue pateada por un agente bajo el puente Bollendak en Utrecht, la policía no le ofreció protección. A la familia de Alfredo Goeloe, quien murió tras ser arrestado por la policía en Rotterdam, la policía tampoco le ofreció protección. Y, sin embargo, el mismo mensaje se repite: confíen en la policía. No tenemos motivos para hacerlo. Un uniforme no hace que la violencia sea menos violenta.

El 26 de enero de 2026, una mujer fue pateada por un agente durante un operativo policial en la estación central de Utrecht. Las imágenes se difundieron por todo el país. No mostraban una historia abstracta sobre «la aplicación de la ley», sino violencia policial concreta contra una ciudadana. Una comisión independiente dentro de la policía concluyó posteriormente que el agente se había excedido con la patada. También se determinó que el uso de la porra no cumplía con los estándares establecidos en el marco de evaluación. Sin embargo, no habrá procesamiento penal. En septiembre, la Fiscalía decidió no procesar a los agentes involucrados. Según la Fiscalía, el uso de la fuerza estaba justificado legalmente.

Esto revela, una vez más, un patrón conocido. Cuando alguien sin uniforme usa la violencia, lo llamamos agresión. Cuando alguien usa la violencia en nombre del Estado, lo llamamos «aplicación de la ley». Cuando alguien se resiste a la violencia policial, preguntamos si esa persona se comportó de manera apropiada. Cuando la policía usa la violencia, preguntamos si el agente siguió las reglas. La pregunta siempre se plantea desde la perspectiva del Estado.

Vamos a darle la vuelta a esa pregunta. ¿Por qué esta sociedad acepta que se patee, golpee, inmovilice y tire al suelo a la gente, siempre y cuando quien lo haga lleve uniforme?

Alfredo no es solo una estadística

El 13 de septiembre, Alfredo Goeloe, de 51 años, falleció en Rotterdam tras ser arrestado por la policía. Los agentes buscaban una bicicleta de montaña robada. Alfredo conducía una de estas bicicletas, pero posteriormente se confirmó que no era la robada. Durante el arresto, fue inmovilizado en el suelo. Poco después, se sintió indispuesto y falleció. El Departamento Nacional de Investigación Criminal está investigando el caso. Sus familiares han presentado una denuncia contra los agentes implicados, acusándolos, entre otros delitos, de homicidio o agresión con agravantes con resultado de muerte.

No nos pronunciaremos sobre la cuestión de la responsabilidad penal hasta que concluya la investigación. Pero una cosa es segura: Alfredo está muerto. Un hombre fue arrestado por la policía estando vivo y posteriormente falleció. Su familia queda sumida en el dolor, con muchas preguntas y la necesidad de luchar por obtener toda la información necesaria. Mientras tanto, el aparato estatal sigue funcionando.

La policía no es una fuerza neutral

Es precisamente aquí donde falla la narrativa de la “policía neutral”. La policía no es una institución que se sitúa por encima de la sociedad. La policía forma parte del Estado. Su tarea es mantener el orden jurídico vigente. Y ese orden jurídico no es neutral. Vivimos en una sociedad donde la riqueza y el poder se distribuyen de forma desigual. Donde las corporaciones pueden defender sus intereses con abogados y grupos de presión, mientras que la gente común se enfrenta a un enorme aparato estatal. La policía está del lado del orden establecido.

Lo vemos cuando se arresta a manifestantes por protestar. Lo vemos cuando se procesa a activistas por acciones políticas. Lo vemos cuando las personas pobres y las pertenecientes a comunidades marginadas son sometidas constantemente a vigilancia policial. Y lo vemos cuando la violencia policial se describe como necesaria, proporcionada o legal.

Esto no significa que todos los agentes sean iguales. Significa que debemos mirar más allá del individuo. El problema no es solo el agente que golpea a alguien; el problema es el aparato estatal que le otorga ese poder. El Estado se investiga a sí mismo. Aquí reside una contradicción fundamental. A la policía se le concede el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Cuando esa fuerza posteriormente causa lesiones graves o incluso la muerte, debe determinarse si fue legal. Esa investigación es necesaria. Pero para las víctimas y sus seres queridos, la experiencia puede ser muy diferente: el mismo Estado que ejecutó la violencia también controla las instituciones que deciden qué sucede con el caso posteriormente.

En Utrecht, vimos cómo un agente de policía no fue procesado penalmente, a pesar de las grabaciones de vídeo y una investigación interna que determinó que el uso de la fuerza fue excesivo. En Rotterdam, la familia de Alfredo espera el resultado de la investigación sobre su muerte. No se trata de incidentes aislados que podamos simplemente descartar como casos aislados. La pregunta que debemos plantearnos es mucho más amplia: ¿Por qué el Estado posee tanto poder para usar la fuerza y ​​por qué es tan difícil exigirle responsabilidades?

No confianza, sino supervisión

Se espera que confiemos en la policía. Nosotros decimos: la confianza no basta. Se necesita supervisión, rendición de cuentas y transparencia. Porque cada vez que la violencia policial queda impune, se transmite el mensaje de que un uniforme ofrece protección frente a la misma rendición de cuentas que se aplica a la gente común. Y cada vez que se procesa a quienes protestan contra la violencia estatal, se reafirma el desequilibrio de poder.

El trabajador, el migrante, el activista, el manifestante y el residente de un barrio obrero se enfrentan a un aparato armado con la fuerza, la detención, la vigilancia y la persecución. Eso no es igualdad de condiciones. Eso es poder de clase.

No olvidaremos a Alfredo

El nombre de Alfredo Goeloe no debe quedar relegado a un informe policial. Su muerte no debe convertirse en una simple nota a pie de página. Y la mujer que fue pateada en Utrecht no debe ser reducida a un incidente ocurrido durante una detención. Detrás de cada acto de violencia policial hay un ser humano. Un cuerpo. Una familia. Una vida. Por eso debemos negarnos a aceptar la violencia policial como algo normal en la vida cotidiana.

No debemos confiar en una institución simplemente porque hable en nombre del Estado. Debemos exigirle responsabilidades. Debemos pedirle cuentas. Y debemos seguir organizándonos contra una sociedad en la que la violencia estatal se normaliza mientras que la resistencia a ese mismo poder se criminaliza. La policía y el sistema judicial no son árbitros neutrales por encima de la lucha de clases. Son instituciones del orden social vigente.