Campesinos indígenas en Brasil se enfrentan a crecientes asesinatos en la lucha por la tierra
Imagen de cabecera: Guaraníes y kaiowás durante la reocupación de parte de la hacienda Ipuitã, que se superpone con el Territorio Indígena Guyraroka, en Caarapó (MS), en septiembre de 2025. La comunidad sufre durante semanas ataques de grupos paramilitares y fuerzas policiales. Fuente: Renato Santana/CIMI
La lucha por la tierra se ha agudizado en Brasil durante 2025, con un aumento de los asesinatos y otros ataques por parte del latifundio. El 13 de agosto de 2026, el Consejo Misionario Indigenista Misionero (CIMI) publicó en su edición de 2025 del Reporte sobre la Violencia Contra los Pueblos Indígenas, una publicación anual que compila 19 categorías de violaciones. El reporte documenta el aumento de la violencia, registrando 258 asesinatos (un 22,3% más que el año anterior), la mayoría de las víctimas tienen menos de 30 años. También registró 38 intentos de asesinatos, 18 amenazas de muertes, otras 27 amenazas, 33 casos de daños corporales, 46 casos de racismo y discriminación étnico-cultural y 25 casos de violencia sexual, junto con 19 reportes de abuso de poder y diez homicidios negligentes, sumando un total de 474 incidentes de violencia contra individuos, un 12% más que en 2024.
El reporte además documenta 169 ataques contra el derecho a la tierra de los indígenas, afectando a 143 territorios en 23 estados, así como 210 invasiones de tierras y violencia contra la propiedad, afectando al menos a 151 tierras indígenas en 20 estados. Destaca que muchas tierras son tradicionalmente ocupadas, pero no marcadas, y que dos tercios de los territorios afectados sufren regularmente problemas. La presión económica vinculadas a la minería y a los grandes proyectos se ha intensificado, incluyendo demarcaciones condicionadas, basadas en acuerdos con terratenientes, mostrando el creciente robo de tierras perpetrado por estos últimos.
El reporte indica que la expansión del “agronegocio exportador”, apoyado con beneficios fiscales, crédito estatal y grandes proyectos de infraestructuras, vinculados a aserraderos, explotaciones de gas y petróleo, minería ilegal a gran escala, y a intentos de entrar en tierras de campesinos indígenas para su explotación.
En Mato Grosso do Sul, el Territorio Indígena Guyraroka muestra violencia interconectada: la mayoría de la tierra guarani y kaiowá permanece ocupada por grandes terratenientes, mientras el pueblo denuncia intoxicación por pesticidas. En septiembre de 2025, campesinos indígenas reclamaron parte de la hacienda Ipuitã para prevenir otra intoxicación, entonces sufrieron ataques de las fuerzas represivas y de grupos paramilitares contratados por los terratenientes. El reporte también registra 1.024 muertes de niños indígenas menores de 5 años, más de la mitad atribuidos a condiciones prevenibles vinculadas con la negligencia estructural en el acceso al sistema de salud y a los servicios básicos.
AND declara que la situación se ha agudizado todavía más en 2026, con pistoleros atacando tierras retomadas y realizando órdenes de desalojo. AND cita a familias kaiowá y guarani que reclaman tierra en Mato Grosso do Sul y sufren ataques violentos y arrestos, los Avá-Guarani reclaman territorio en Guaíra y sufren órdenes de desalojo y operaciones policiales en Rondônia, llevando a arrestos y la destrucción de hogares. En general, desde 2025 en adelante, los conflictos por la tierra y la violencia han escalado, con ataques significativos contra campesinos indígenas.
La unidad entre los pueblos indígenas, campesinos y el pueblo quilombola se muestra en las declaraciones de las organizaciones de lucha por la tierra, escribe AND. La Liga de los Campesinos Pobres (LCP) declara que el camino es que “las retomas indígenas y campesinas de tierras asuman su contenido democrático: recuperar, defender y producir en las tierras mantenidas por el latifundio, en vez de aguardar indefinidamente que el viejo Estado las entregue”.
