AND: Keiko Fujimori entrega la “seguridad” a las Fuerzas Armadas de Perú e inaugura gobierno sobre la sombra del fascismo de su padre
A continuación compartimos una traducción no oficial de un artículo publicado por A Nova Democracia (AND) el 31 de julio.
Keiko Fujimori, heredera del clan tiránico que asoló Perú durante una década, asumió la presidencia del gobierno peruano el 28 de julio, en una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno de Lima, tras ganar las elecciones por un margen inferior a 50.000 votos y con el respaldo de un bloque parlamentario fascista. Fujimori anunció el uso de fuerzas represivas en el llamado “combate contra el crimen”, la construcción de una megaprisión y la adopción de tribunales anónimos, lo que provocó la salida inmediata de los diputados de la oposición del pleno, amparándose en la legalidad reaccionaria del sistema, portando retratos de las víctimas del régimen de su padre, el genocida Alberto Fujimori.
Mientras la solemnidad oficial se desarrollaba en el Palacio de Gobierno bajo fuertes medidas de contención y blindaje institucional, cientos de manifestantes y familiares de las víctimas asesinadas por la violencia fascista de la década de 1990 se congregaron en una plaza pública para rechazar enérgicamente al nuevo gobierno. Destacó la contundente declaración de Raúl Samillán, presidente de la asociación de familiares de las víctimas de las masacres, al declarar a la cadena teleSUR que la llegada al poder de Keiko representa un revés inadmisible y afirmó enfáticamente que “sus manos están manchadas con la sangre de nuestros seres queridos”.
En su primer discurso oficial ante la burocracia estatal y los invitados internacionales, la tónica fue la militarización reaccionaria. Keiko Fujimori reafirmó que las Fuerzas Armadas genocidas del Perú, asumirían el control del “orden interno” en las áreas bajo “estado de emergencia”, sustituyendo a las fuerzas policiales. Para justificar la medida, la presidenta declaró sin rodeos, buscando una apariencia de legalidad, que “dondequiera que el crimen organizado, el narcotráfico o la minería ilegal hayan arrebatado el control del Estado, utilizaremos todos los instrumentos que la Constitución pone a nuestra disposición”.
La articulación del nuevo gobierno también recibió el respaldo abierto de gobernantes reaccionarios de la región, como el argentino Javier Milei y el paraguayo Santiago Peña, así como de agencias internacionales imperialistas de clasificación de riesgo como Moody’s , que celebraron la “previsibilidad macroeconómica” favorable a los “inversores extranjeros”, eufemismo para el capital financiero imperialista.
Celebrando la estabilidad para el gran capital local e imperialista, el ejecutivo financiero Luis Ramos, de la correduría LarrainVial , avaló públicamente que “el resultado representa una validación inicial del modelo de coalición que sustenta la gobernabilidad de Fujimori y su capacidad para promover una agenda legislativa favorable al crecimiento” económico de los barones de los negocios.
Un gabinete ministerial bajo investigaciones y procesos judiciales
La nueva configuración del parlamento peruano, que marca el retorno del sistema bicameral suprimido tras el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori en 1992, evidenció agudas disputas por el control del aparato estatal, cuando la reaccionaria Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, conquistó la presidencia del Senado bajo el liderazgo de Miguel Ángel Torres, mientras que la coalición opositora reaccionaria se aseguró la presidencia de la Cámara de Diputados con la victoria de Óscar Reto Otero, demostrando claramente la necesidad de costuras y alianzas complejas para sustentar la llamada “gobernabilidad” del nuevo gobierno del Ejecutivo.
Las declaraciones juradas presentadas por miembros del Gabinete Ministerial encabezado por Luis Galarreta revelaron que varios ministros designados responden a procesos judiciales e investigaciones fiscales por corrupción y abuso de autoridad, estando el propio primer ministro bajo investigación por presuntos delitos de lavado de dinero, abuso de poder y crimen organizado, además de antecedentes relacionados con fraude electoral en el pasado, conforme a lo apuntado en documentos oficiales divulgados por la propia prensa peruana. Estos no son los únicos que enfrentan problemas con la “justicia”, al inaugurar un gobierno con un largo historial de acusaciones y sospechas.
El pasado asesino del clan Fujimori
El regreso del clan Fujimori al mando del viejo Estado peruano inevitablemente saca a la luz la tenebrosa historia de crímenes y graves violaciones de derechos perpetradas durante el régimen de Alberto Fujimori, período en el que el sanguinario escuadrón de la muerte conocido como «Grupo Colina», responsable directo de torturas y masacres como la de Barrios Altos y el brutal secuestro, tortura y asesinato de estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, la célebre La Cantuta.
Un hito incontestable de estas denuncias fue publicado por el periódico democrático El Diario Internacional, un año después del autogolpe, en mayo de 1993, bajo el título “Los sicarios de Fujimori”. El artículo exponía la denuncia del general del ejército Rodolfo Robles, quien reveló la existencia de un destacamento especial operando dentro de las fuerzas represivas desde 1991 para secuestrar, torturar y exterminar a opositores bajo la falsa justificación de combatir a la Guerra Popular, dirigida por el Partido Comunista del Perú (PCP).
La publicación detallaba que el aparato paramilitar de exterminio y terror operaba directamente bajo las órdenes del asesor presidencial Vladimiro Montesinos y del general Nicolás Hermoza Ríos. Según el testimonio del general Robles, esta macabra banda fue responsable directa del asesinato de 45 estudiantes universitarios, un profesor y otras 16 personas en la infame matanza de Barrios Altos, ocurrida en noviembre de 1991.
La masacre de Barrios Altos cobró la vida de trabajadores de Ayacucho que celebraban una fiesta popular, incluyendo un niño de ocho años que fue ejecutado fríamente. El gobierno intentó ocultar el crimen con la mentira de que se trataba de un ajuste de cuentas interno, pero los periodistas confirmaron que los asesinos utilizaron silenciadores y vehículos oficiales del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), que posteriormente, en 2001, se convirtió en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
Otro crimen bárbaro documentado fue el secuestro y asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, la célebre La Cantuta, en julio de 1992. Tropas ligadas al Servicio de Inteligencia del Ejército y a la Dirección de Inteligencia invadieron los dormitorios estudiantiles en las primeras horas de la mañana, obligando a los alumnos a tumbarse en el suelo antes de llevarse a algunos prisioneros.
Los estudiantes secuestrados y desaparecidos fueron identificados como Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Édgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa, además del maestro Hugo Muñoz Sánchez. Sus cuerpos sacrificados fueron localizados posteriormente, en junio de 1993, en cuatro fosas comunes en el distrito de Cieneguilla.
El campus universitario de La Cantuta poseía una larga historia de fuerte politización debido al origen humilde y empobrecido de sus alumnos provenientes del interior del país, lo que llevó al régimen reaccionario fujimorista a considerarlo cuna de revolucionarios. El recinto sufrió innumerables invasiones militares, ocupaciones prolongadas y un riguroso control por parte de tropas armadas, precediendo al exterminio criminal que posteriormente fundamentó la histórica condena judicial impuesta al fascista Alberto Fujimori el 7 de abril de 2009.
El rastro de sangre continúa creciendo
La masacre de Colcabamba, ocurrida en abril, demuestra el alcance concreto de la nueva política represiva del Estado peruano. Cinco civiles fueron ejecutados en el sector Puente Mellizo, en el distrito de Colcabamba, por una patrulla del Ejército reaccionario que disparó cerca de 60 tiros contra una camioneta, en una operación de contrainsurgencia en la región del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), zona de fuerte actuación revolucionaria del Ejército Popular de Liberación (EPL), dirigido por el PCP.
El Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas intentó sustentar la versión falsa de que los ocupantes eran supuestos narcotraficantes que habían atacado a los soldados, pero la farsa fue desmentida por informes y testimonios. No se encontraron armas ni drogas en el vehículo, y las pruebas periciales indicaron que ninguno de los muertos había disparado un arma de fuego, evidenciando el carácter criminal del ataque contra las masas pobres de la región.
El ataque fue detallado en el relato de Jhonatan Águila, un superviviente que fingió su muerte y presenció la ejecución de los heridos en el lugar de los hechos. Águila escuchó una conversación entre el capitán Luís Montenegro Pardo y sus subordinados, y relató que la orden emitida tras los disparos iniciales fue taxativa: “Traigan balas y láncenlas dentro del coche”, confirmando el montaje de la farsa para justificar el asesinato de inocentes.
Otro caso, en la comunidad indígena ticuna de Bellavista Callarú, situada en la región amazónica de Loreto, también denunció una violenta operación del Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla (PUMA) realizada a finales de julio bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. El alcalde Desiderio Flores relató en redes sociales que las tropas avanzaron por el territorio y atacaron a los residentes, declarando que “el Ejército entró a nuestro territorio, está matando a mi pueblo; mataron a un niño. No somos criminales, somos indígenas que cuidamos la frontera”.
