El campesinado lucha contra el despojo en Honduras
Imagen de cabecera: despliegue policial en San Juan Tela, Honduras. Fuente: Biodiversidad.
El 6 de julio, campesinos indígenas garífuna fueron expulsados de sus tierras en San Juan Tela. El desalojo fue llevado a cabo por más de 200 agentes de policía fuertemente armados quienes portaban fusiles de asalto contra los campesinos indígenas garífuna. En su asalto contra estos últimos, las fuerzas represivas usaron fuego real y gases lacrimógenos, lo cuál ha sido denunciado. Al menos cinco miembros de una organización local han sido arrestados y varios vecinos han sido amenazados y heridos, incluyendo niños.
Estos desalojos deben ser analizados en el marco de la agudización de la lucha por la tierra en Honduras, lo cuál llevó al gobierno hondureño a aprobar una nueva ley, que busca criminalizar la protesta campesina, atacar las ocupaciones campesinas y defender la propiedad de la tierra en el país de los terratenientes y monopolios. La ley protege las tierras dedicadas a propósitos “agroindustriales” así como la tierra usada para extraer materias primas. El Ministro del Instituto Nacional Agrario (INA) declaró que con esta nueva ley, las ocupaciones “serán desalojadas en dos o tres días”. El Estado ya aprobó en 2017 una ley que calificaba a los manifestantes de “terroristas”, usando como pretexto la guerra contra el “crimen”.
Recientes reportes han señalado que en 2025 había “77 conflictos activos relacionados con la tierra, los recursos naturales y los derechos territoriales, concentrados en 13 departamentos y relacionados con el sector agrario”. Más del 80% de ellos fueron categorizados como conflictos de alta intensidad, con juicios en curso, amenazas de desalojo y enfrentamientos.
Los terratenientes han formado habitualmente grupos paramilitares en la zona de Bajo Aguán, atacando al los campesinos en un intento de desalojarlos y robar sus tierras. A Nova Democracia (AND) ha informado recientemente que 20 campesinos fueron ejecutados en el Bajo Aguán el 21 de mayo. Los terratenientes intentan sofocar la resistencia campesina en la zona, que se desarrolla contra los monopolios y el Estado a su servicio. Al menos 446 personas han sido violentamente asesinadas en conflictos relacionados con la tierra en Honduras entre 2014 y abril de 2026.
Honduras es un país semicolonial y semifeudal, donde el capitalismo burocrático se desenvuelve impulsado por el imperialismo, principalmente el imperialismo yanqui, la superpotencia hegemónica única, que ha sometido duramente al país desde inicios del siglo XX hasta ahora. De acuerdo con cifras de 2025, el imperialismo yanqui es el mayor exportador de capital en el país con una gran diferencia respecto a los demás. Hay una clara concentración de tierra en el país, lo cuál es también la tendencia principal: de acuerdo con las últimas estadísticas disponibles, proporcionadas por el Estado hondureño (son de este año), hay 408.965 propietarios de tierra en Honduras, de los cuales un 99,7 % son campesinos, el resto son empresas y el gobierno. Otros datos extraídos de un reporte hecho por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) muestra que el 75% de las tierras están en posesión de menos del 20% de propietarios de la tierra.
El aceite de palma es en la actualidad una de los productos que más exporta Honduras, y la idea de los monopolios extranjeros es expandir las plantaciones hasta al menos 650.000 hectáreas (en la actualidad Honduras tiene 1,1 millones de hectáreas de tierras productivas) y hacer que Honduras sea el principal exportador de aceite de palma de América Latina. El carácter semifeudal y semicolonial del país causa que haya una economía mutilada, lo que hunde al pueblo hondureño en la pobreza: se considera que la mayoría de población de Honduras es rural, y el 70% viven en la pobreza extrema, con al menos 3 millones de habitantes viviendo bajo la inseguridad alimentaria, de acuerdo con información proporcionado por el propio gobierno.
El dominio del imperialismo yanqui tiene una larga historia en el país: muchos monopolios yanquis llegaron a inicios del siglo XX, principalmente monopolios que explotaban el banano. Esto marcó el inicio de la intervención yanqui en la política de los países de América Central y Sudamérica (refiriéndose coloquialmente a los países afectados por esta intervención como “repúblicas bananeras”). United Fruit Co. (UFCO) dirigió varios golpes y dirigió la política de Honduras. A inicios de los años 30, la UFCO poseía millones de hectáreas en América Central y Honduras era uno de los principales exportadores de banano del mundo.
El dominio de los monopolios estadounidenses y su dura explotación fueron contestados con una huelga masiva en 1954, que con la lucha de los obreros y campesinos hondureños presentó un desafío para el imperialismo yanqui. Desde los años 70 en adelante, se inició un periodo de represión más abierta en la lucha por la tierra, empezando con la masacre de La Talanquera, donde 70 familias campesinas ocuparon tierras improductivas, y donde al menos seis campesinos fueron asesinados por la represión estatal. En 1975 el Estado hondureño secuestró, torturó, mutiló y asesinó numerosos campesinos protestando en una marcha nacional. En los años 80 se estableció una base militar estadounidense en Palmerola, desde donde se planificaron y realizaron campañas contra la guerrilla, y así el gobierno fue usado como una base de apoyo reaccionaria para los planes contrarrevolucionarios yanquis. Esta base militar (Soto Cano) sigue activa y sigue siendo importante para los planes yanquis de intentar imponer su dominio en toda América Latina.
El pueblo garífuna o garinagu, desciende de esclavos africanos y de pueblos indígenas caribeños, y está presente principalmente en Honduras, Guatemala y Belice. Hay alrededor de 600.000 garífunas, quienes llegaron a Honduras a finales del siglo XVIII. Tienen su propio idioma, cultura y una historia de lucha por su derecho a vivir en la tierra que trabajan. Actualmente luchan contra la expansión de los megaproyectos turísticos, agroindustriales y de infraestructuras, y se enfrentan a constantes ataques por parte del latifundio y del Estado. Honduras es el segundo mayor productor de aceite de palma en América Latina, por detrás de Colombia, con alrededor de 193.000 hectáreas (476.913 acres) de tierra cultivada, en particular en los departamentos de Atlántida y Colón, que han sido los mayores productores desde 1940. El presidente de la Asociación Industrial de Productores de Aceite de Palma de Honduras, Héctor Castro, declaró que la mayoría de ellas están en manos de la empresa Palmas Atlántida, que pertenece al grupo Litoral, una sociedad de productores que ha sido denunciada por los garífuna por “poseer tierras de dudoso origen”. Los acuerdos de compra de tierras en el territorio garífuna han sido apoyados por instituciones imperialistas como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Otras agencias como le Banco de Desarrollo Interamericano (IDB) han proporcionado préstamos para expandir las plantaciones en la zona. El territorio también han sido infiltrado por grupos criminales que transportan drogas por la costa.
La lucha llevada a cabo por los campesinos garífuna tiene una larga historia. En los años 70 Honduras lanzó su proyecto de “reforma agraria”, intensificando el robo de tierras y potenciando la concentración de tierras en las manos de los terratenientes nacionales y de los monopolios internacionales. Los grupos garífuna viviendo en San Juan Tela lucharon contra la dictadura de Tiburcio Carías Andino, y como resultado de esta resistencia, el Estado hondureño masacró a 19 campesinos indígenas en Durugubuti. Con el golpe de estado y nuevo gobierno de Juan Orlando Hernández, los ataques contra los campesinos indígenas garífuna aumentaron. Desde 2014, miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) que defiende los derechos de los campesinos garífuna, se han enfrentado a al menos 70 ataques, entre ellos desalojos en varios de sus territorios, así como 11 procedimientos judiciales contra sus activistas. Desde 2018, más de 150 garífunas han sido asesinados, 37 criminalizados y cinco desplazados forzosamente. También hay desapariciones forzosas por parte del Estado hondureño: el 18 de julio de 2020, cinco dirigentes campesinos, cuatro de ellos eran dirigentes garífuna, fueron secuestrados por agentes vestidos con uniformes de policía. Nunca aparecieron de nuevo. Los garífuna han creado sus propias organizaciones para buscar a sus desaparecidos, creando el Comité SUNLA (que en el idioma garífuna significa “¡Basta!”). Los desaparecidos eran parte de la organización OFRANEH.
Una vez más vemos como el capitalismo burocrático no ofrece nada más que despojo, pobreza, explotación y opresión para los pueblos y naciones oprimidas. El pueblo de Honduras en general, y en particular el campesinado pobre, han estado luchando durante décadas contra sus clases dominantes locales y su Estado, contra los amos imperialistas yanquis y el latifundio, lo cuál deja claro que el principal problema del país es la cuestión de la tierra. A pesar de las brutales masacres a las que se han enfrentado, los campesinos hondureños en general, y los campesinos indígenas garífuna en particular, no se han rendido, y no lo harán.
