AND – Análisis: La pobreza y el hambre golpean a millones en Perú y exponen la crisis del viejo Estado

A continuación compartimos una traducción no oficial de un artículo publicado por A Nova Democracia el 18 de mayo.

Perú cierra el primer semestre de 2026 con el 25,7% de su población en situación de pobreza, según el informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este índice representa a más de 8,8 millones de personas que no pueden cubrir plenamente sus necesidades básicas. La pobreza extrema afecta al 4,7% de los peruanos, es decir, a más de 1,6 millones de personas que ni siquiera pueden comprar una canasta básica de alimentos, mientras que la inseguridad alimentaria alcanza al 51,7% de la población, afectando a más de 17 millones de habitantes.

Estos datos contrastan con la propaganda oficial que habla de una supuesta «recuperación económica» y revelan que la pobreza sigue 5,5 puntos porcentuales por encima del nivel registrado antes de la pandemia en 2019. Incluso con criterios oficiales insuficientes para medir el verdadero alcance del sufrimiento de las masas, el estudio demuestra que Perú sigue siendo uno de los países de la región con mayores dificultades para recuperar sus indicadores sociales.

Aunque la economía nacional creció un 3,4% en el último año, impulsada principalmente por el sector minero —orientado a la exportación hacia las potencias imperialistas—, este avance no se tradujo en una reducción equivalente de la pobreza. La pobreza extrema, según los datos, castiga al 4,7% de la población, lo que significa que más de 1,6 millones de personas no pueden siquiera comprar una canasta básica de alimentos, valorada en 260 soles mensuales (unos 379 reales brasileños).

El abismo social es evidente en las regiones donde el latifundio y la minería, presentados como la «industria de la riqueza nacional», conviven con altos índices de pobreza. Cajamarca, Loreto, Puno, Pasco y Huánuco mantienen tasas de pobreza superiores al 35%, siendo Cajamarca la que lidera este índice desde hace una década. Aunque su economía regional creció un 7,5% en el último año, la agricultura —sector que sostiene a la mayoría de las familias campesinas pobres— solo avanzó un 1,9%. Javier Herrera, director de investigación del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD), explica que «el hecho de que el Producto Interno Bruto (PIB) departamental crezca no significa necesariamente que aumente el ingreso de las familias», destacando que la minería absorbe muy poco empleo y no beneficia a los más pobres.

Las regiones rurales concentran pobreza y falta de infraestructura

La persistencia de la miseria se hace más evidente en el campo peruano, un país mayoritariamente rural marcado por relaciones de producción arcaicas y semifeudales, con falta de infraestructura, baja productividad agrícola y dependencia de actividades extractivas orientadas a la exportación. El problema agrario se presenta, principalmente, como la cuestión de la extinción del feudalismo en Perú, una tarea que el viejo Estado burocrático-latifundista es incapaz de resolver.

En Loreto, el aislamiento geográfico y la falta de integración logística elevan los costos de vida y limitan cualquier desarrollo. Miguel Alzamora, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), señala que la ausencia de carreteras e infraestructura de transporte impide la circulación de productos, condenando a la población de Loreto a ciclos de relaciones semifeudales donde, sin conectividad, queda a merced de precios abusivos y la falta de servicios básicos.

Los indicadores sociales también reflejan el peso de la crisis en educación y salud, sectores destruidos por la gestión de sucesivos gobiernos de turno. En regiones como Huánuco y Puno, persisten graves deficiencias educativas. Javier Herrera advierte que, en Cajamarca, más de la mitad de la población no ha completado la educación primaria, una situación que apenas ha mejorado en dos décadas.

A esto se suman los altos índices de anemia y desnutrición infantil, que afectan al 43% de los niños a nivel nacional y superan el 70% en algunas regiones. Según la encuesta ENDES 2024, la desnutrición crónica afectaba al 12,1% de los menores de cinco años, un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. Este retroceso va acompañado de una inseguridad alimentaria que golpea al 51,7% de la población, más de 17 millones de personas.

Las familias pobres se ven obligadas a dietas de subsistencia, basadas en alimentos baratos y pobres en proteínas y hierro. «Sus platos carecen de alimentos ricos en hierro», explica Jessica Huamán, coordinadora de la Plataforma para la Seguridad Alimentaria (PSA), destacando que la falta de acceso a agua potable y el saneamiento deficiente perpetúan el ciclo de infecciones y enfermedades.

Lima concentra casi un tercio de los pobres de Perú

Un fenómeno alarmante que gana fuerza en 2026 es la llamada «urbanización de la pobreza». Durante décadas, la miseria se asociaba casi exclusivamente al campo peruano. Hoy, la capital, Lima, concentra el 32,6% de los pobres del país. La tasa de pobreza en Lima Metropolitana en 2025 era casi tres veces mayor que en 2016. Actualmente, hay más personas viviendo en la miseria en Lima que en toda el área rural del Perú. La inseguridad alimentaria (familias que no consumen lo mínimo necesario para sobrevivir) es mayor en la capital (41,6%) que en las zonas rurales (30,4%).

Un informe de la ONG Oxfam, presentado en el Foro Económico Mundial de Davos, revela que Perú tiene una fortuna concentrada de 3.100 millones de dólares en manos de millonarios, mientras la pobreza y la inseguridad alimentaria siguen siendo altas. La desigualdad es tan profunda que, en América Latina, la riqueza de los magnates crece 16 veces más rápido que en el resto del mundo. Oxfam señala que, mientras la fortuna de los millonarios crece en promedio 491.198 dólares por día, un trabajador promedio gana solo 4.815 dólares al año. Es decir, un empleado necesitaría trabajar 102 años para ganar lo que un magnate acumula en 24 horas.

Casi la mitad de las familias en situación de pobreza extrema en Lima reportan haber tenido que reducir porciones, saltarse comidas o pasar días enteros sin comer. Esto expone que los programas sociales, diseñados para el campo y que ya fallan allí, tampoco logran atender plenamente a la población urbana. Aunque las transferencias gubernamentales evitaron que la pobreza fuera 7,2 puntos porcentuales mayor, su alcance no ha regresado a los niveles prepandemia. Además, estas ayudas no alteran las bases de la inseguridad alimentaria de millones de peruanos, en un contexto de política de ajuste fiscal subordinada a los compromisos financieros del viejo Estado.

La crisis en Perú no se limita a lo social, sino que alcanza a todo el régimen político. En una década, el país ha tenido nueve presidentes, una marca que expresa la inestabilidad crónica del viejo Estado y las fracturas entre las fracciones de las clases dominantes reaccionarias —grandes burgueses y latifundistas al servicio del imperialismo, principalmente el yanqui—. La sucesión de gobiernos de turno no ha logrado reimpulsar el capitalismo burocrático, restructurar el viejo Estado con una centralización efectiva en el Ejecutivo ni conjurar la rebelión popular, evidenciando una crisis generalizada de descomposición del capitalismo burocrático peruano.

La crisis también se manifestó en el rechazo al régimen político en la primera vuelta de la reciente farsa electoral peruana. Ningún candidato a la presidencia alcanzó siquiera el 20% de los votos válidos, quedando por debajo de la suma de votos nulos y blancos, que superaron los tres millones de personas. De los 27,3 millones de habilitados para votar, más de seis millones no asistieron a las urnas.