Brasil: Migajas contra el “Abril Rojo”
Este mes, el presidente Luiz Inácio hizo gestos hacia el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) para intentar frenar el “Abril Vermelho” (Abril Rojo), un período en el que el MST lleva a cabo tomas de tierras para presionar al gobierno. El 7 de marzo, visitó el campamento quilombola Campo Grande en Minas Gerais, donde anunció la expropiación de tierras para 800 familias. Cuatro días después, prometió destinar 750 millones de reales del presupuesto para la compra de alimentos de la agricultura familiar y para el Fondo de Tierras de la Reforma Agraria. Sin embargo, esta cifra es muy inferior a la asignada al latifundio mediante el ‘Plan Safra’, en total 3,4 mil millones de reales menos.
Entre las tierras a entregar se encuentra la hacienda Santa Lúcia, escenario de la Chacina de Pau D’Arco en 2017, donde 10 campesinos fueron asesinados a manos de la policía, y cuyos responsables aún no han sido condenados. Como informa A Nova Democracia, la estrategia de Luiz Inácio busca contrarrestar su caída en popularidad desde febrero y reducir las ocupaciones del MST durante el “Abril Rojo”, con el fin de reducir las ocupaciones del MST y así disminuir los conflictos con los terratenientes.
A principios de marzo, el MST llevó a cabo ocupaciones en varios estados de Brasil, incluyendo Bahia, Espírito Santo, Ceará, Paraná y Río de Janeiro, enfocándose principalmente en tierras improductivas, salvo en una ocupación de una área de la empresa Suzano en Espírito Santo. El movimiento criticó al gobierno de Luiz Inácio, señalando que ya están en el tercer mes del tercer año de su mandato, que Lula llamó «el año de la cosecha», y enfatizó la necesidad de avanzar en las expropiaciones, argumentando que el presupuesto destinado a la reforma agraria es insuficiente. Esta no es la primera vez que el MST critica al gobierno; a finales del año pasado, su líder, João Pedro Stédile, expresó su descontento con la “incompetencia del gobierno” y calificó la respuesta del gobierno a la cuestión agraria como un 3 sobre 10. Su declaración reflejó el temor de los dirigentes del MST ante la radicalización de la lucha por la tierra, especialmente en el contexto de enfrentamientos entre campesinos y paramilitares de “Invasão Zero” en Jaqueira, Pernambuco.
A pesar de los intentos del gobierno por mejorar su imagen, su práctica sigue mostrando un compromiso con el latifundio. Las expropiaciones han sido consideradas por el MST como “insuficientes” respecto a la exigencia de la Reforma Agraria. En 2023, se registraron 2.203 conflictos agrarios, el número más alto desde 1985, con 31 asesinatos, la mayoría relacionados con la lucha por la tierra. En los primeros seis meses de 2024, hubo 1.056 conflictos, lo que indica una tendencia al alza.
Los indígenas Avá-Guarani en Paraná fueron atacados por pistoleros armados al servicio de los terratenientes y en la región Norte, dos campesinos fueron asesinados en un mes. En el Nordeste, 135 familias fueron desalojadas de la ocupación Marielle Franco por orden judicial, con la intervención de fuerzas policiales. “Este acto evidencia, una vez más, la alianza entre el poder judicial, las fuerzas policiales y los intereses privados en detrimento de los derechos del pueblo.” declara el Comité de Solidaridad con la Lucha por la Tierra (COMSOLUTE).
Un claro ejemplo es el de la lucha de los campesinos de Barro Branco, que continúa recibiendo ataques del grupo paramilitar “Invasão Zero”, incluyendo intentos de asesinato:
