Brasil: El gobierno federal también es culpable del asesinato del indígena
Publicamos una traducción no oficial de un artículo de A Nova Democracia.
Lo obvio pasó. Después de meses de las primeras denuncias sobre un cerco montado por pistoleros que rodeaban las tierras Guarani-Kaiowá en Mato Grosso do Sul (MS), un indígena fue asesinado.
El crimen fue cometido por la Policía Militar (PM) en la mañana del 18 de septiembre durante una operación de los policías, en conjunto con pistoleros, en la Tierra Indígena (TI) Nhanderu Marangatu. La PM fue hasta las tierras por orden de la parlamentaria del partido de Boslonaro (Partido Liberal, PL), Luana Ruiz.
Es evidente que los responsables inmediatos y centrales por el crimen son el latifundio bolsonarista de Mato Grosso do Sul y sus agentes oficiales y paramilitares, que mueven una verdadera operación militar de guerra contra los Guarani-Kaiowá en diferentes municipios del estado.
Pero el gobierno federal también tiene su parte de responsabilidad en la tragedia. Hasta ahora, el Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI) no dice nada sobre el asunto. Tampoco el presidente Luiz Inácio. Como la PM responde al gobierno de Estado, es probable que el gobierno, si se viera obligado a tratar la situación, intentaría quitarse cualquier culpa.
Pero fue el gobierno federal el que, frente a una operación que dura meses de cerco y aniquilamiento contra los Guarani-Kaiowá, no ordenó que las tropas federales, la Fuerza Nacional o la Policía Federal, actuasen con dureza contra los pistoleros. Desde julio AND sigue la situación en MS. Los informes in situ registran los vehículos de la Fuera Nacional al lado de los campamentos de los pistoleros, sin que nada ocurriese. La noche cuando se colocaron focos enfocando a los Guarani-Kaiowá para impedir que las familias durmieran, las tropas continuaron sin hacer nada.
El pueblo brasileño recuerda cuando, en este escenario de guerra, las tropas de la Fuerza Nacional abandonaron (!) los alrededores de las retomadas Pikyxyin, Kurapa’yty e Yvy Ajere, en Douradina, dejando espacio para la libre acción de los pistoleros, que dejaron 10 indígenas heridos. Tras el absurdo, nacionalmente denunciado, no hubo ninguna asunción de la culpa pública por parte del MPI o de Luiz Inácio sobre la actuación de las tropas. No hubo apertura de investigación para saber el por qué del abandono de las tierras e investigar las denuncias de los Guarani-Kaiowá de que hubo colusión de las tropas federales y pistoleros.
Días después, cuando la ministra Sonia Guajajara visitó la región, se limitó al discurso de que “ambos lados deben ser escuchados”.
Al mes siguiente, la misma Fuerza Nacional intentó desalojar indígenas Avá-Guarani en el oeste paranense de una tierra reivindicada por los pueblos originarios. Los indígenas consiguieron resistir y expulsar a las tropas de las tierras. Pero una vez más, silencio del gobierno.
El gobierno no necesita ordenar un desalojo, realizar una megaoperación o aprobar un proyecto para desalojar para ser responsable del escenario de crímenes contra los pueblos indígenas. Al dejar espacio en su gobierno para representantes del latifundio, no condenar las tropas que abandonan un terreno de guerra sin explicaciones, ordenar que tropas federales intenten desalojar indígenas en lucha por la tierra y al meter, en los salones oficiales, una política de conciliación y mediación en los proyectos más absurdos, viles y crueles, como el marco temporal, Luiz Inácio muestra que es un gobierno que da señal verde a la actuación del latifundio bolsonarista.
La líder Yakui Tapinambá fue pedagógica en la descripción que hizo del gobierno en un evento oficial la semana pasada: “un gobierno, que sabemos el motivo señor presidente, debilitado, acorralado, que hace alianzas y acuerdos para mantenerse en el poder”.
En septiembre del año pasado, la Liga de los Campesinos Pobres alertó: “La historia no perdona. ¡Conciliar con la reacción siempre lleva a baños de sangre de las masas!”. Y posteriormente declaró:
“Llamamos e instamos a los campesinos a armar las organizaciones de autodefensa de la lucha por la tierra en la misma proporción y calibre!”.
“Hacemos un llamado a los líderes campesinos que no se arrodillaron, y son miles en todo Brasil, a los líderes de tomas, a los pueblos indígenas, a las organizaciones quilombolas, a las poblaciones afectadas por las presas, la minería y el cultivo de eucaliptos, a las masas proletarias y otros trabajadores de la ciudad, que luchan cada vez más en defensa de sus derechos pisoteados, a cerrar filas con nuestro campesinado valiente, con el camino de la Revolución Agraria.”