El pueblo de Guatemala se alza en protestas contra el Gobierno
Desde el pasado 2 de octubre, Guatemala se encuentra en un paro que cumple ya 15 días. El pueblo está exigiendo la dimisión de Consuelo Porras, fiscal general y quien encabeza el Ministerio Público tras llevar bloqueando la elección del nuevo gobierno de turno a Bernardo Arévalo, del partido Nueva Semilla, ganador de los últimos comicios en agosto.
La Fiscalía general está llevando a cabo una investigación para aclarar la “legitimidad” de la votación general, ya que se acusa al partido Nueva Semilla de haber falsificado firmas para su inscripción en el proceso electoral y también se investiga a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y a más de 100.000 personas que participaron en la recepción, conteo, resguardo y digitalización de votos y actas de las elecciones.
También se ha declarado por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se ampliará el proceso electoral hasta el 14 de enero (fecha en la que el nuevo presidente debería entrar al cargo) ya que así se puede realizar la investigación por la Fiscalía sin que sean todavía cargos electos. Por el momento el gobierno de Giammattei se niega a destituir a la fiscal general y ella a renunciar.
Ante la falta de derechos democráticos, donde el Estado siquiera cumple sus propias leyes según los intereses del gobierno de turno o su principal maestro yanqui-imperialista, el pueblo ha salido a protestar en grandes marchas. Las protestas, que principalmente están compuestas por campesinos e indígenas, están bloqueando carreteras y paralizando la economía sobre y provocando desabastecimiento todo por el este del país. Se han contabilizado más de 100 carreteras bloqueadas y concentraciones frente a la sede central de la Fiscalía en la capital.
Estas protestan han afectado económicamente a las empresas, causando millones en pérdidas, sobre todo en afecta a las exportaciones de materias primas del país. Para intentar evitar estos bloqueos que preocupan al gobierno de Giammattei, se ha desplegado policía antimotines y se ha lanzado gas lacrimógeno a los manifestantes. También ha amenazado de que sancionará penalmente a aquellos que encabezan los bloqueos de carreteras y quien los financia.
No son nuevas las acusaciones de antidemocratismo contra Porras. En 2018, tras su reelección por el anterior gobierno de turno liderado por Giammattei, la Asociación de Periodistas señaló que la esta decisión iba a traer “mayores restricciones a la libertad de expresión, violaciones a los derechos humanos y criminalización de periodistas». Incluso desde el imperialismo yanqui, el secretario de Estado Antony Blinken calificaba a Porras de corrupta que “obstruyó y socavó repetidamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos”. Estas acusaciones de EE.UU. Vienen después de que Porras participara para cancelar la comisión de las Naciones Unidas “Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala” (CICIG).
