Alemania: redadas policiales en las casas de activistas ecologistas
La policía alemana ha llevado a cabo redadas en las casas de activistas ecologistas de la organización “Última generación” en muchos estados federales de Alemania, acusando a los activistas de estar apoyando y formando una organización criminal, en base al párrafo 129 de la ley de la República Federal Alemana. La redada fue decidida por el Centro para Comabatir al Terrorismo y al Extremismo de Bayern. Última Generación es una organización ecologista que usa métodos no violentos de desobediencia civil como bloquear carreteras, para pedir al Parlamento Federal alemán que tome diferentes medidas para reducir las emisiones de CO2. Un portavoz de la organización describió que 25 oficiales de policía que llevaban armas entraron la mañana del jueves en su apartamento tumbando la puerta, y dijo que estas medidas fueron desproporcionadas. Siete activistas fueron acusados de hacer una campaña para conseguir dinero para actividades criminales de la organización. Esto habría sido realizado a través de la web de Última Generación, y por ello la web fue bloqueada. Dos de los activistas también son acusados de intentar sabotear un oleoducto.
La Ministra del Interior, Nancy Faeser de los socialdemócratas, dijo que la casa asaltada por la policía muestra que el “estado de derecho” o “el dominio de la ley” (Rechtsstaat) no deja que nadie se ría de él. La idea de “Rechtsstaat” es un ideal del Estado burgués, en el que el Estado se basa en la supremacía de la constitución, y este protege los derechos constitucionales de los ciudadanos, pero también se encarga de no permitir que nadie ataque el orden constitucional. También el Canciller Federal, Olaf Scholz, dijo que el “Rechtsstaat” no puede ignorar los múltiples actos criminales cometidos por la organización, pero no quiso comentar si “Última Generación”, debería ser considerada organización criminal, diciendo que eso lo tendrá que decidir la Justicia.
Sin embargo, Última Generación no ataca a la constitución de la República Federal Alemana, y no es una de las organizaciones vigiladas por la “Oficina por la Protección de la Constitución”, y de hecho están diciendo que están “protegiendo la constitución”. La organización se basa en el derecho fundamental garantizado por la Ley Alemana Básica (Grundgesetz), la libertad de asamblea. De acuerdo con la ley, todos los ciudadanos alemanes tienen derecho a reunirse libremente desarmados y sin notificación previa. Sin embargo, hay algunas limitaciones para “proteger el orden público”. La organización ha llevado a cabo acciones típicas en las que los activistas se pegaban a sí mismos a la calle, parando el tráfico. Debido a estas protestas, el Estado ha condenado activistas por “coerción” – que quiere decir que han coaccionado a alguien a hacer algo, o han evitado por la fuerza que alguien hiciese algo o amenazando con “terribles consecuencias”, y que se han resistido a las autoridades. Ahora el Estado está usando estaos “múltiples actos delictivos”, para atacar el derecho a la protesta.
La organización exige que los políticos lleven a cabo decisiones basadas en la legalidad burguesa, como marcar un límite de velocidad 100km/h en las carreteras o asegurarse de que la gente tenga acceso a un transporte público más asequible. Con una perspectiva más amplia, la organización exige “construir una democracia, en la que nosotros como sociedad podamos participar mejor en ella”, más concretamente a través de consejos ciudadanos en los que se planificaría como dejar de usar combustibles fósiles para el año 2030, junto con y en cooperación con el parlamento. Estas peticiones no están en contra de las leyes básicas.
Incluso si la organización le causa a la policía el inconveniente de tener que despegar los activistas del suelo y arrastrarlos hacia los calabozos, ellos no se resisten activamente de ninguna forma al arresto policial. Ellos están “absolutamente libres de violencia, en discurso y acción” y están en contra de usar la violencia incluso cuando otros la usan contra ellos. Sin embargo un miembro y diputado del partido CDU, Christoph de Vries, dijo que la organización había planeado múltiples acciones criminales violentas y que por ello deberían ser monitoreados por el servicio de inteligencia para proteger la constitución.
