Nuevos asesinatos y secuestros por parte del estado Filipino
Durante los pasados meses la represión por parte del Estado filipino ha sido continuada, produciéndose nuevos secuestros de las masas organizadas y asesinatos a guerrilleros del Nuevo Ejercito Popular [NPA – New People’s Army], incumpliendo numerosos acuerdos relativos a los Derechos Humanos.
Los tres guerrilleros asesinados fueron secuestrados mientras se encontraban gravemente enfermos en un hospital. Dos de ellos, el matrimonio de Dano y Rosalia Candoy fueron llevados a la fuerza el 26 de marzo. Al día siguiente las Fuerzas Armadas de Filipinas [AFP] comunicarían que habían sido asesinados en un enfrentamiento entre las AFP y el NPA, siendo esta una mentira para poder encubrir sus crímenes. Pocos días después volvió a continuar esta matanza con Emmanuel Llanos Anob, secuestrado cuando volvía enfermo del hospital, y al día siguiente reportaron su asesinato a manos de soldados de las AFP en un enfrentamiento.
Estas acciones, y la falsedad detrás de la muerte de los guerrilleros, suponen un imcumplimiento del Acuerdo Global sobre el Respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (CARHRIHL) [Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law] y los acuerdos firmados entre el Frente Nacional Democrático de Filipinas [National Democratic Front of the Philippines] y el Gobierno de la República de Filipinas. En este documento se violan dos artículos: la necesidad de reportar la identidad, condición física y las circunstancias de las personas detenidas relacionadas por conflictos armados, además de otra violación de los derechos humanos con el propio asesinato.
También durante estas fechas, el 27 de marzo, se producía otro secuestro y detención ilegal por parte de la 59º IB, deteniendo a Lloyd Descallar y Alfred Manalo, voluntarios en Sugarfolks Unity [Unidad de Popular del Azúcar] en un centro médico. Lloyd y Manalo participaban en una consulta con los pescadores con cañas de azúcar y pequeños agricultores en Balayan por el cierre de la Central Azucarera Don Pedro Cooperativa, la cuál afectará a sus condiciones de vida. No se anunció su detención y el grupo en defensa de los derechos humanos, Tanggol Batngan, tuvo que presionar a las autoridades hasta que admitieron la custodia de los activistas.
También se une a la coacción policial ejercida en marzo, la cajera de los Misioneros Rurales de Filipinas [Rural Missionaries of the Philippines – RMP], acusada de financiar al Partido Comunista de Filipinas y al Nuevo Ejército Popular.
Todos estos casos sucedidos durante el mes de marzo muestran el carácter sumamente represivo del Estado filipino, que está ejerciendo una campaña contra las masas organizadas y los guerrilleros para evitar el avance de la Guerra Popular en Filipinas.
