Brasil: el sigilo de la Operación Godos blinda la persecución contra Lenir Correia
Imagen de cabecera: la abogada Dra. Lenir Correia. Fuente: ABRAPO
La Asociación Brasileña de Abogados del Pueblo Gabriel Pimenta (ABRAPO) denunció que el secreto de justicia impuesto a la Operación Godos busca proteger una campaña destinada a criminalizar la abogacía popular y la lucha de los campesinos pobres por la tierra en Rondônia, según informa A Nova Democracia (AND). Lenir Correia Coelho, prisionera política desde hace más de nueve meses, sigue encarcelada sin que exista prueba concreta que justifique su detención.
La operación, lanzada en noviembre de 2025 por el Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (GAECO) del Ministerio Público de Rondônia, movilizó a cientos de agentes represivos, resultando en decenas de detenciones, el asesinato del campesino Elias Camilo y su compañera resultó herida.
La Liga de los Campesinos Pobres (LCP) sostiene que ninguno de los detenidos pertenece a su organización y denuncia que la operación buscó desarticular la lucha de cientos de familias en la Área Tiago Campin dos Santos y criminalizar la Revolución Agraria.
En su última declaración, ABRAPO centra su denuncia en los argumentos usados para mantener a Lenir prisionera. GAECO la acusa de participar en el «núcleo estratégico/logístico» de una supuesta organización criminal por comunicar a sus clientes actualizaciones sobre los procesos en los que trabaja. La asociación señala que informar a los clientes, monitorear procesos y compartir noticias sobre conflictos forma parte de su labor profesional, no de actividad delictiva. «¡Criminalizar el acto de informar al cliente es criminalizar la defensa misma! La criminalización de la abogacía popular es evidente», declara ABRAPO.
La asociación también destaca que esta persecución se extiende a los campesinos, afirmando que el GAECO les niega el derecho a la tierra y a la defensa legal. AND reporta que la criminalización de Lenir no comenzó con la Operación Godos, ya que en noviembre de 2021, durante la Operación Canaã, policías allanaron su casa y requisaron sus dispositivos, que contenían datos confidenciales de sus clientes.
ABRAPO critica el secreto impuesto al caso, argumentando que la transparencia es esencial para prevenir abusos. «El secreto no protege la privacidad de nadie, sino a la operación en sí, blindándola del escrutinio público», afirma la asociación. Compara el uso del secreto con tribunales de excepción históricos, advirtiendo que cuando el Estado persigue a defensores de los pobres e impide el control público, se configura una situación excepcional bajo formas jurídicas ordinarias.
ABRAPO también señala un grave vacío en el caso: ninguna víctima o testigo, incluyendo los presentados por la fiscalía, ha vinculado a Lenir con algún delito. «A pesar de esto, lleva más de nueve meses presa sin sentencia ni prueba concreta de riesgo para el orden público», destaca ABRAPO. Declara que su detención equivale a una pena anticipada y recuerda que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reconoció previamente la incapacidad del Estado para investigar asesinatos de líderes campesinos, federalizando seis casos.
La asociación contrasta este historial con la persecución a Lenir, afirmando: «Quienes deberían castigar el acaparamiento de tierras y los grupos paramilitares persiguen, en cambio, a una abogada comprometida con la democratización de la tierra».
En marzo, el Tribunal Popular contra los Crímenes del Latifundio reconoció a Lenir como prisionera política y exigió su liberación inmediata. Eventos recientes, como las declaraciones públicas del excomandante de la Policía Militar de Rondônia, Régis Braguin, sobre el uso de tácticas de «contraguerrilla», han revelado aún más el carácter represivo de la operación.
La LCP ha reiterado que la Operación Godos no desarticuló ninguna organización criminal vinculada a ellos, sino que afectó a campesinos, simpatizantes y una abogada popular en el contexto de la lucha por la Área Tiago Campin dos Santos. La LCP denuncia la colusión entre policías, terratenientes y funcionarios públicos para intimidar y expulsar a familias de la zona, con recientes muertes de supuestos informantes que sugieren un intento de eliminar testigos.
La campaña por la libertad de Lenir ha ganado apoyo, incluyendo del 43° Encuentro Nacional de Estudiantes de Pedagogía (ENEPe), que condenó su encarcelamiento como un ataque a los que apoyan al movimiento campesino.
ABRAPO concluye exigiendo la liberación inmediata de Lenir, el levantamiento del secreto, la investigación de los agentes públicos involucrados y el fin de la criminalización de los movimientos campesinos y la abogacía popular. Hace un llamado a profesionales del derecho, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales para que se unan a la campaña, declarando: «¡Defender el derecho del pueblo a luchar por sus derechos no es un crimen!».
