Últimas noticias de la lucha por la tierra en Brasil
Imagen de cabecera: campesinos y representantes de 30 asociaciones marchan en Jaíba (Minas Gerais), el 11 de julio, contra las amenazas de desalojo promovidas por CODEVASF y por el derecho a permanecer allí, trabajar y producir en la tierra. Fuente: AND.
A continuación compartimos algunas actualizaciones sobre la lucha por la tierra y de la Revolución Agraria en curso en Brasil, basados en el último “Boletín Nuevo Brasil” publicado por A Nova Democracia (AND) el 6 de agosto.
Minas Gerais: campesinos se levantan contra los desalojos del Proyecto Jaíba.
Al menos 380 familias en Jaíba y Matias Cardoso, en el norte de Minas Gerais, han sido amenazadas con ser expulsadas de las tierras donde muchas de ellas han vivido y trabajado durante más de cuatro décadas. La Corporación de Desarrollo de los Valles de São Francisco y Parnaíba (CODEVASF) intenta desalojar a las familias al implementar las fases 3 y 4 del Proyecto Jaíba.
La Liga de los Campesinos Pobres (LCP) del Norte de Minas Gerais y Sur de Bahía realizó una denuncia de los sucedido en el Boletín “¡Levanta Jaíba!”. La LCP declara que las reuniones convocadas por CODEVASF no son para escuchar a los campesinos, sino para comunicar su expulsión y presionarles para aceptar una compensación insuficiente. La LCP también denuncia la existencia de inversores interesados en comprar las tierras de secano a precios reducidos y aprovecharse del incremento de su precio tras la implementación de la irrigación.
Las familias campesinas que se enfrentan a desalojos han alzado la lucha por la tierra, realizando hasta dos grandes movilizaciones hasta la fecha. El 27 de junio los campesinos organizaron una movilización con motos, tractores y coches, portando telas contra los desalojos.
El 11 de julio, representantes de alrededor de 30 asociaciones tomaron de nuevo las calles de Jaíba, marchando con telas que decían “¡Luchar y producir siempre, desistir jamás!”, “Tierra para el que en ella vive y trabaja”, “Queremos seguridad para producir” y “Estamos en la tierra desde 1996. Exigimos el reconocimiento de nuestros derechos y el título definitivo”.
Un dirigente llamó a la unidad entre campesinos con los trabajadores y comerciantes del municipio:
“Vamos a unir a los campesinos, comerciantes y trabajadores en general de Jaíba para defender el derecho de todos los campesinos y que producen en sus tierras de permanecer en ellas. Vamos a organizar a todos para que se sumen contra la amenaza de desalojo de las familias campesinas en Sierra Azul, para la ampliación de las etapas 3 y 4 del proyecto. Nosotros sabemos qué se comercializa en el mercado y qué se produce en esta ciudad. Luchamos por el derecho de estar en la tierra, permanecer en la tierra, producir, comercializar y vivir con dignidad. ¡Viva la lucha por la tierra!”.
AND informa que se han pospuesto nuevas decisiones hasta septiembre, y que la LCP está preparando otra movilización para inicios de este mes.
Pueblos indígenas llaman a movilizaciones contra nuevas barreras a las demarcaciones de tierras.
Organizaciones indígenas de diferentes regiones llamaron a movilizaciones entre el 7 y el 18 de agosto, un periodo en el que se espera que el Tribunal Federal Supremo (STF) vuelva a revisar las apelaciones relacionadas con la llamada “Ley del Marco Temporal”.
El STF declaró inconstitucional la tesis según la cual los pueblos solamente tenían derecho a las tierras que fueron ocupadas en octubre de 1988. La decisión, mantiene disposiciones que pueden paralizar las demarcaciones y atacar las retomas de tierras. Entre ellas está la indemnización por valor de la propia tierra a los ocupantes que presenten títulos considerados de “buena fe”, o el derecho de permanecer en el territorio hasta que se realice el pago, y la posibilidad de ofrecer a los indígenas tierras diferentes a las ocupadas tradicionalmente.
Otro dispositivo que castiga las retomas de tierras, colocando el respectivo proceso demarcatorio al fin de la fila de Funai (Fundación Nacional Indígena). La decisión también admite desalojos inmediatos e impone plazos para que los pueblos presenten sus reivindicaciones, a pesar de que el viejo Estado tiene paralizado cientos de procesos durante décadas.
Las nuevas normas transfieren a los pueblos indígenas el coste de la omisión estatal y transforman las indemnizaciones a los ocupantes en otra barrera financiera a las demarcaciones. Dirigentes y organizaciones preparan actos en Brasília (Distrito Federal) y en los territorios para acompañar el juicio y defender el derecho a las retomas de tierras.
