Brasil: proyecto de ley “antiterrorista” contra la lucha popular
Esta semana, la Cámara de Diputados brasileña aprobó de urgencia el Proyecto de Ley (PL) n.º 1.283/2025, que modifica la Ley Antiterrorista para clasificar a las “facciones” y “milicias” como terroristas. A Nova Democracia (AND) explica que en realidad el objetivo es criminalizar la lucha popular en el país y en especial intenta atacar la Revolución Agraria, que lleva años creciendo. Este proyecto de ley modifica la ya vigente “Ley Antiterrorismo” de 2016, sancionada en su momento por Dilma Rousseff del PT. AND se pronunció también al respecto de esta ley, explicando que todas las medidas calificadas de terroristas fueron “las formas en que la justa rebelión se expresó en las protestas juveniles de 2013-2014.”, y añadió que realmente esta ley era “una ley antiprotestas.”
Como muestra de ello, el texto añade como “terrorismo” actos “motivados por razones políticas o para imponer el dominio o control de áreas territoriales”. Esto legitimaría al viejo Estado brasileño para desencadenar una ofensiva mucho más cruenta contra las ocupaciones campesinas que habitualmente tienen lugar en el país. En la actualidad el latifundio junto con el viejo Estado están atacando el Área Revolucionaria Valdiro Chagas en Rondônia. La prensa burguesa ha estado criminalizando la lucha por la tierra un largo tempo junto con las fuerzas represivas, dirigidas por el criminal comandante general de la Policía Militar de Rondônia, Régis Braguin, pidiendo calificar a la Liga de los Campesinos Pobres (LCP) como terrorista. Mientras tanto es el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) de las fuerzas represivas brasileñas el que asesina impunemente y sin justificación judicial a campesinos de Rondônia:
También se considera terrorismo “sabotaje o interrupción de infraestructuras críticas”. Es decir, los activistas que llevan a cabo los habituales bloqueos de carreteras en protestas de indígenas campesinos, en protestas pobladores de barrios populares que protestan contra la carencia de servicios y contra los asesinatos a los que se enfrentan en las favelas, podrían ser acusados de terrorismo.
Las penas de cárcel previstas serían de 12 a 30 años de encarcelamiento para los acusados. Además el proyecto de ley también prevé bloqueo de bienes “y mecanismos de cooperación de internacional”, supuestamente para golpear “fuentes de financiamiento”. También criminaliza lo que califica como “actos preparatorios” o “cualquier forma de colaboración” con organizaciones consideradas “terroristas”. Así, se quiere criminalizar no sólo a las propias acciones que se consideren “terroristas”, sino también a toda muestra de apoyo.
AND explica que expertos jurídicos brasileños, como Camila Asano, directora de Conectas Derechos Humanos, señalan que “la redacción es vaga y flexible, lo que da lugar a interpretaciones que afectan las protestas y las movilizaciones populares”. Recientemente hemos compartido un comunicado y recopilación de firmas realizado de forma conjunta por la Asociación Brasileña de Abogados del Pueblo – Gabriel Pimenta (ABRAPO) y el Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos (CEBRASPO), en el que denuncian la criminalización de la lucha por la tierra y en específico de la LCP, organización líder en la lucha del campesinado brasileño por la tierra y sus derechos:
AND señala que, a pesar de que las verdaderas “milicias”, son “en realidad grupos paraestatales y paramilitares de extrema derecha, arraigados en el viejo Estado”. Un grupo que encaja con estas definiciones de milicia terrorista sería el de Invasão Zero, grupo paramilitar, pero que sin embargo, no es el objetivo de la criminalización y crítica de las fuerzas policiales y los medios burgueses. A pesar de las pruebas que hay contra grupos como este, el objetivo son el pueblo, sus organizaciones y sus movilizaciones.
