AND: Editorial – Estado policial-militar al estilo Bolsonaro

Compartimos una traducción no oficial del último editorial de A Nova Democracia.

El oportunismo no tiene límites en su afán de presidir el viejo y genocida Estado brasileño, no por eso deja de causar estupefacción a las consciencias verdaderamente democráticas el silencio retumbante de la falsa izquierda sobre la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de “seguridad pública”, presentada por el gobierno de derecha encabezado por Luiz Inácio. Leonardo Fernandes, de “Brasil de Fato”, por poner sólo un ejemplo, al abordar este tema se limitó a afirmar que “los gobernadores de derecha están en contra”. En cuanto a la transformación de la Policía Federal de Carreteras en una fuerza policial abierta con los mismos procedimientos operativos que la Policía Militar, como ya venía haciendo Bolsonaro de manera ilegal en su gobierno; o la transformación de la Policía Federal en un órgano de represión de “crímenes contra el orden político y social”, resucitando a la DOPS en espíritu y propósito, algo que el propio Bolsonaro debió soñar con lograr; bueno, al respecto ni una palabra.

La PEC encontrará resistencia en la legislatura y entre los gobernadores, no hay duda. La razón, sin embargo, no ennoblece ni la toma de posición ni a sus oponentes. Es simple: los gobernadores se oponen al establecimiento de directrices federales para las acciones de la Policía Militar y a la intervención de las fuerzas policiales federales en los estados sin su solicitud y consentimiento, por un lado, y tampoco aceptan que el gobierno apruebe tal medida y tome crédito de ésta. Aunque reaccionaria y draconiana, la medida es electoralmente aceptable: la inmensa masa de la pequeña burguesía en particular y una opinión pública difusa compuesta por masas populares, en general, desorganizadas y golpeadas por la creciente y generalizada delincuencia en las ciudades y el campo del País, especialmente en los grandes centros urbanos, desesperados por una solución, tomarán un proyecto así al menos como un intento, y esto les dará votos –como, en general, las operaciones genocidas en las favelas de Río y São Paulo, por ser sólo dos ejemplos de severidad exorbitante, sorprendentemente, producen votos. No hay que juzgar a las masas, incluso cuando se ven empujadas a cometer errores graves como estos: el nivel de frustración y miedo ante la delincuencia es tal que se ha convertido en la mayor preocupación del pueblo –por lo tanto, en la mayor mina de votos a explotar– y toda solución democrática al problema, imposible en el terreno de la vieja democracia, resulta incluso como una propuesta tan desmoralizada como el oportunismo que la vocifera, frente al simple trabajador. Es necesario recuperar, entre las masas, los valores democráticos y progresistas para solucionar el crimen, después de tantas frustraciones con la falsa izquierda.

La PEC, en realidad, no alteraría la degradación social que produce la delincuencia, ni serviría como represión efectiva, ya que el problema de la expansión del llamado “crimen organizado” está profundamente ligado a las estructuras del carcomido Estado brasileño. Y de tal manera que entre senadores, diputados federales y estatales, gobernadores, alcaldes, secretarios y hasta ministros hay muchos involucrados, financiadores o partícipes de alto nivel, además de grandes empresas del agronegocio, terratenientes y dueños de grandes corporaciones logísticas a través de las carreteras. Todo el mundo lo sabe, excepto las “autoridades”. La PEC serviría incluso para mejorar el aparato de represión contra los movimientos populares y revolucionarios, especialmente aquellos que ya son tildados de terroristas, guerrilleros, bandidos, violentos, fanáticos y otras calificaciones formuladas por policías y otros reaccionarios para justificar la represión.

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La lucha por la tierra en el Nordeste ha expresado, con fuerza, la principal contradicción en nuestro País. En el terreno social y político, los ocupantes en Jaqueira (Pernambuco) y Messias (Alagoas) han demostrado el nivel de codicia latifundista: en Alagoas en particular, una zona consolidada durante más de 15 años había sido brutalmente destruida, provocando la muerte de un anciano campesino, que intentaba desesperadamente rescatar parte de sus cosas y cayó del camión. Al mismo tiempo está claro que, hoy, la cuestión agrario-campesina condensa al mismo tiempo la cuestión antifascista. Combatir el bolsonarismo, el golpismo y la extrema derecha, armados hasta los dientes y alentados por la creencia de estar lidiando con cobardes y apaciguadores (a juzgar por la postura condescendiente del gobierno federal, lo que creen que es la “izquierda”) es una tarea hoy, en manos de los campesinos en lucha por la Revolución Agraria. El bolsonarismo y la extrema derecha versus la lucha por la tierra, en particular la Revolución Agraria que ejerce su vanguardia, esta es la principal contradicción, hoy, en el terreno político, expresión de la contradicción de los campesinos pobres versus el sistema latifundista en el ámbito económico-social. Ser antifascista es ser defensor de la lucha revolucionaria rural por la tierra de quienes la trabajan y por la destrucción del latifundio, y ésto apunta a la transformación de la estructura agraria latifundista por la vía proletaria, donde se combate a la extrema derecha armada, mucho más de lo que lo hace la defensa genérica de la democracia. En este sentido, los oportunistas, tan numerosos como cobardes, que en público tergiversan, pero intentan desacreditar la lucha campesina y criminalizarla, actúan objetivamente como una reserva del bolsonarismo, al igual que lo es el gobierno oportunista. Es urgente gritar por todas partes: ¡Viva la Revolución Agraria! ¡Guerra a las hordas paramilitares bolsonaristas!