Brasil: Tribunal Popular de Rondônia condena los crímenes del latifundio
El Tribunal Popular contra los Crímenes del Latifundio condenó la colusión de los acaparadores de tierras y la policía, que, a lo largo de décadas, ha provocado la muerte de indígenas, campesinos y de un abogado, según informa A Nova Democracia (AND). El Tribunal Popular, convocado por la Asociación Brasileña de Abogados del Pueblo (ABRAPO), presidido por el juez jubilado Jorge Moreno, del estado de Maranhão, con el apoyo del Comité de Solidaridad y Lucha por la Tierra (COMSOLUTE), el Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos (CEBRASPO), la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y otras organizaciones.
Los coroneles de la Policía Militar de Rondônia y las tropas bajo su mando, ya sea desde tierra o desde helicópteros, que dispararon con rifles de francotirador (con munición explosiva) contra los campamentos de campesinos en Rondônia, deberán rendir cuentas. El documento final también condenará la fumigación con drones contra cultivos de cereales.
La decisión se tomó durante el Tribunal Popular, celebrado el sábado 28 y el domingo 29 de marzo en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Educación del estado de Rondônia. Actualmente en fase de revisión, el fallo del tribunal se dará a conocer en un plazo máximo de dos semanas. El fallo se basa íntegramente en los testimonios de los supervivientes.
Durante casi cinco décadas, los conflictos por la tierra han provocado muertes y heridos entre los pueblos indígenas, campesinas que recuperaron tierras, los ribereños y los recolectores de caucho. Pueblos enteros han sido expulsados de sus tierras, mientras que sus dirigentes han sufrido persecución por parte de los acaparadores de tierras y los terratenientes. Muchos han muerto víctimas de emboscadas, expediciones armadas y otros ataques que han seguido multiplicando las masacres hasta el día de hoy. Mientras se producían estos conflictos, el Estado brasileño no logró asentar a las familias campesinas que emigraron a Rondônia, animadas por los proyectos iniciados en 1970. Debido a este fracaso, hay aproximadamente 16 millones de hectáreas de tierras sin reclamar
Se condenaron varios delitos, como asesinatos, acoso a los campesinos, cortes de electricidad para silenciarlos, así como la denegación del derecho a la educación de los niños de las zonas rurales. Entre ellos, se demostró y condenó la ejecución de dos campesinos en 2022, Elías Camilo de Lima y su esposa, Ilma Rodrigues dos Santos. La policía militar intentó encubrirla y presentarla como un crimen ocurrido lejos del campamento Thiago Campin dos Santos.
El auditorio exigió la libertad del abogado del pueblo Lenir Correia Coelho, detenido desde el año pasado, acusado de formar parte de una «organización criminal». Se conmemoró al camarada Flecha, asesinado en enero de este año.
El informe completo puede leerse aquí:
A Nova Democracia (AND) es la fuente de todas las imágenes usadas en este artículo.