Editorial de AND – Un abismo separa al viejo Estado y las masas populares

Compartimos una traducción no oficial del último Editorial de A Nova Democracia.

La aprobación de la “PEC da Blindagem” (Propuesta de Enmienda Constitucional [PEC] del Blindaje), o mejor sería “PEC da Bandidagem” (PEC del bandolerismo), en el Congreso de corruptos, demuestra a las masas populares hasta qué punto ha llegado la distancia, un verdadero abismo, que separa el aparato del Estado y las masas populares. En su contenido, la PEC, si es aprobada en el Senado y sancionada, garantizará un verdadero salvoconducto del cual se servirán senadores, diputados e incluso presidentes de partidos para cometer todo tipo de crímenes, dado que solo podrían ser investigados y procesados por el Tribunal Superior de Justicia (STF) con el aval del propio Congreso, y además en votación secreta, a escondidas, con el fin de blindar también a los cobardes encubridores y cómplices.

Ayer, los moralistas de primera fila, los propios seguidores de Bolsonaro y el resto de la extrema derecha se lanzaron al frente en defensa de la PEC, e incluso contaron con el apoyo de diputados del Partido de los Trabajadores (PT) y de la “base gobernista”, para sorpresa de nadie. “Queremos ser blindados de verdad”, dijo el necio Nikolas Ferreira, también conocido por un epíteto algo sugestivo. Los seguidores de Bolsonaro quieren aprovecharse de la ansia fisiológica del “centro”, ávido por robar tanto como sea posible y más, con la máxima impunidad, y lanzarlo contra el STF, que pretende afirmarse cada vez más como la institución “fiel de la balanza” de la crisis política, utilizando naturalmente esto para el fortalecimiento de sus grupos de poder. Es una pelea interna entre las clases dominantes. Por eso, todos ellos, desde la extrema derecha hasta la falsa izquierda y pasando por el STF, son los mismos que trabajan por el “endurecimiento de las leyes penales”, no para el llamado “crimen de cuello blanco”, sino para castigar sobre todo a los pobres, de los cuales se benefician las abundantes redes criminales que tienen en la cima, no extrañamente, a ciudadanos honorables de la alta sociedad, provenientes de familias tradicionales. Y, por supuesto: endurecimiento de las leyes, sobre todo, para combatir a las masas trabajadoras en lucha, a la vista de la articulación para clasificar como “terrorismo” la lucha por la tierra.

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Hablando de la acusación de “terrorismo”, esta sigue siendo la máxima de la Policía Militar de Rondônia (PM-RO ) y sus partidarios en la llamada “prensa” de Rondônia, tan despreciable desde el punto de vista ético-profesional como servil a la policía desde el punto de vista político, lanzando acusaciones contra el movimiento campesino, particularmente contra la Liga de los Campesinos Pobres (LCP). La destrucción de las instalaciones de la sede de la finca Norbrasil, un latifundio de decenas de miles de hectáreas, fue la señal para acusar a la LCP de asaltar la finca “con armas de guerra” y, una vez más, de practicar “terrorismo”; así como, en 2021, la ocupación de la mayor parte de las tierras de dicha finca y la muerte de dos policías militares en servicio de pistoleros también fueron utilizados por la PM-RO para proclamar a los cuatro vientos la existencia de una “guerrilla subversiva”.

El terrorismo ha sido, sin duda, algo presente en Rondônia y en la Amazonia en general, pero no por parte de los campesinos pobres, sino de la propia represión, estatal o no, a la lucha por la tierra. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), solo entre 2021 y 2023, hubieron 11 asesinatos de campesinos pobres en el área de Tiago Campin dos Santos, que ocupa parte del latifundio; entre ellos, el dirigente campesino Gedeon José Duque y el activista campesino Rafael Gasparini Tedesco, torturados y ejecutados a quemarropa por tropas del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), las mismas tropas que, en Machadinho D’Oeste, de la misma manera, ejecutaron el 8 de agosto al campesino y recién iniciado activista de la LCP, Raimundo Nonato.

El comandante general de la PM-RO, coronel Braguin, no tiene ningún reparo en posicionarse, explícitamente, como guardaespaldas, un verdadero guaxeba, del latifundio, demostrando en la práctica cuán falsa es la constitución de esta vieja democracia que dice que la PM, al igual que las demás instituciones, está por encima de las clases. “La ley no clasifica a la LCP como terrorismo”, dice Braguin, pero “en nuestro enfoque, ya vamos con esa interpretación”, admitió en un video que registra parte de una de sus charlas. El derecho de los pobres del campo a la tierra, supuestamente consagrado con la “Reforma Agraria” en la Constitución de 1988, es ilegal, de hecho, en la medida en que practicarlo resulta en represión y ejecuciones, por fuerzas estatales o paramilitares, pero en cualquier caso, avaladas por los sucesivos gobiernos de turno, incluida la falsa izquierda.

La brutal concentración de la propiedad de la tierra está en la base, histórica y directamente, de la pobreza y miseria endémicas de la inmensa mayoría de las masas trabajadoras del país, del atraso secular del mismo, del cual el tan alabado “agronegocio” solo es la forma sofisticada y de alta tecnología de preservar la condición semicolonial de la nación, como mera fuente de materias primas, de producción primaria para exportación, de economía complementaria del sistema imperialista. El fin de este sistema agrario es una cuestión pendiente nunca resuelta, es la cuestión democrática burguesa sin la cual la república brasileña solo ha sido un simulacro. No se puede condenar, por lo tanto, que los campesinos decidan recurrir a la autodefensa para no ser aún más masacrados por los pistoleros y los paramilitares del latifundio y por las tropas de la PM-RO y BOPE al servicio de éste, como único medio para que los campesinos pobres aseguren su derecho a la tierra para vivir y trabajar. Pero antes, es realmente necesario apoyar a los campesinos pobres con todo el entusiasmo.

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Cuando el aparato del Estado actúa abiertamente en función de sí mismo y de las clases dominantes, ya sea en las decisiones palaciegas o en la represión política explícita a las masas en lucha, no hay otra consecuencia que la desilusión respecto a la vieja democracia. De hecho, crece el desprestigio del Congreso y de otras instituciones ante el pueblo brasileño: el 52% no confía en el legislativo, el 47% no confía en el poder judicial y el 44% no confía en el ejecutivo, según una reciente encuesta de Genial/Quaest. Además, según un estudio de Datafolha de agosto, para el 78% de los brasileños, el Congreso actúa en interés propio, y el 68% y el 59% piensan lo mismo respecto a la Justicia y a la Presidencia de la República, respectivamente. La desaprobación del gobierno oportunista de Luiz Inácio se ha estancado en el 51%, y el 45% de la población es pesimista respecto al futuro de la economía del país (Datafolha), a pesar de los oropeles de la victoria pírrica “sobre el golpismo” con la condena de Bolsonaro y otros “carne de cañón” del alto generalato, a pesar de los nuevos programas asistencialistas cosméticos y de los datos artificiales sobre la economía del País (como la supuesta baja tasa de “desempleo récord” mágicamente calculada por el IBGE, que ya hemos refutado en esta tribuna). Los partidos políticos oficiales, por su parte, que solo se diferencian por la sigla, son desacreditados por el 63% de la población, lo que equivale a alrededor de 135 millones de brasileños. Estas cifras convergen con el creciente boicot electoral, que refleja la insatisfacción popular con el actual estado de cosas, y que tiende a aumentar en la farsa electoral de 2026, incluso con la falsa polarización escenificada por el viejo orden y propagandeada por los monopolios de prensa (que, además, cuentan con la desconfianza de la mitad de la población).

En resumen, todas las carcomidas instituciones políticas, jurídicas y represivas del viejo Estado brasileño se encuentran absolutamente desprestigiadas ante la población, como resultado de la crisis de descomposición del capitalismo burocrático, a la cual ninguna fracción de las clases dominantes parece capaz de imponer una solución. Además, hoy en día, la amplia mayoría del pueblo brasileño desconoce una alternativa a la vieja democracia burguesa con su farsa electoral que no sea el régimen militar, y cuya salida reaccionaria también enfrenta cierta rechazo. En cuanto a la verdadera solución, la lucha revolucionaria, que aún se encuentra aislada en relación con las masas desmovilizadas y bajo el “cordón sanitario” del monopolio de prensa y del oportunismo, aunque sea la única perspectiva política viable, solo podrá afirmarse como salida inmediata en la medida en que se desarrolle a niveles más elevados.

Los revolucionarios, revolucionarias y demócratas deben aprovechar esta formidable situación y el terreno fértil para el amplio desarrollo de la lucha democrático-revolucionaria, particularmente la lucha revolucionaria por la tierra, que apunta a la necesidad de un gobierno popular democrático surgido de la Revolución Democrática. Es innegable que se está gestando, sobre todo en el campo, con el avance de la lucha por la tierra, una creciente guerra campesina revolucionaria contra las huestes de la extrema derecha latifundista y sus matones y fuerzas policiales a sueldo, un salto cualitativo de la lucha de clases en el país. Es necesario reconocerlo, y al reconocerlo, no queda otra opción que propagarlo, apoyarlo y participar en la lucha por la liberación del pueblo brasileño. Esta ya no es una perspectiva histórica, sino una lucha política que debe llevarse a cabo ahora.