Tribunal Popular juzgará al latifundio de Jaqueira en el primer aniversario de la Resistencia Feroz de Barro Branco
El 5 de octubre se celebrará el evento “Tribunal Popular – ¿De quién son las Tierras de la quebrada Usina Frei Caneca?” para juzgar al latifundio de Jaqueira. El evento tendrá lugar el 5 de octubre y será promovido por el Comité de Solidaridad a la Lucha por la Tierra (COMSULATE), el Comité de Apoyo de Barro Branco y la Asociación Brasileña de Abogados del Pueblo – Gabriel Pimenta (ABRAPO). También contará con el apoyo de otras organizaciones, como la propia Liga De Campesinos Pobres (LCP)
El Tribunal se llevará a cabo para conmemorar el primer aniversario de la Resistencia Feroz de Barro Branco, cuando campesinos, organizados por la LCP, resistieron un ataque criminal de más de 50 paramilitares del grupo terrorista Invasão Zero, protegidos por la Policía Militar. Apoyados por residentes de zonas aledañas y estudiantes demócratas, los campesinos de Ingenio de Barro Branco hirieron al vicepresidente del grupo y ahuyentaron a los secuaces.
En el comunicado lanzado por el evento, se destaca que la Usina Frei Caneca, establecida en 1886, se encuentra en una región habitada por comunidades indígenas y campesinas que hoy enfrentan la negación de sus derechos básicos, como el no pago de derechos laborales y subastas fraudulentas de tierras. El ataque del 28/09/2024 dejó heridos a campesinos y un estudiante, mientras la policía permaneció indiferente. Un año después, solo los poseedores han sido investigados, mientras que se acusa a la LCP de ser una organización “terrorista” por parte del latifundio y sus representantes políticos.
La inacción del Incra y el papel del sistema judicial local datan de 1990, agravado la situación al ignorar los derechos del pueblo. La Promotoria Agrária promueve negociaciones individuales con la empresa Agropecuária Mata Sul, en lugar de exigir la expropiación completa de las tierras, buscando dividir a los campesinos y debilitar su lucha.
Todo esto presagia una mayor intensificación de las tensiones y las evidentes disputas de derechos, que por sí solas justifican un juicio popular por los crímenes cometidos contra estas leyes, frente al derecho a la vida, la vivienda, la tierra, la producción de alimentos y la restitución de los derechos laborales negados a cientos de familias, muchas de las cuales han trabajado para el ingenio durante casi cinco décadas. De ahí la importancia y la urgencia de celebrar el Tribunal Popular, que incluirá jueces, abogados, fiscales, figuras democráticas y numerosos testigos. Aunque no sea un organismo oficial, las decisiones del juicio popular tienen una orientación política y jurídica, ya que fortalecerán la defensa de la justa lucha de los ocupantes, tanto políticamente, al ampliar el apoyo a la resistencia de décadas de las familias campesinas y los ex empleados del Ingenio Frei Caneca, como jurídicamente, con la creación de nuevos instrumentos para fortalecer su defensa legal.
Este evento es una clara demostración de solidaridad del pueblo brasileño en la lucha por la tierra y los derechos de las comunidades campesinas, quilombolas y ribereñas, buscando fortalecer su defensa política y jurídica. Este es un momento oportuno para unir todos los esfuerzos posibles en una fuerte resistencia por la visibilización, el enfrentamiento y la denuncia del latifundio, de sus prácticas criminales contra los pobres del campo y de sus organizaciones de lucha.
