Brasil: ataques contra el Área Valdiro Chagas; campesinos denuncian violaciones y amenazas tras la operación del BOPE
A continuación compartimos una traducción no oficial de un artículo publicado por A Nova Democracia sobre la agresión en curso por parte del viejo Estado y el Latifundio contra el área campesina Valdiro Chagas.
Mientras que los coroneles bolsonaristas y el comandante de la Policía Militar de Rondônia (PM-RO) posan en redes sociales, alimentando una campaña de demonización contra la Liga de los Campesinos Pobres (LCP), la realidad en el Área Valdiro Chagas continúa siendo de terror constante causado por policías y paramilitares.
Campesinos denuncian que desde la operación ilegal por parte del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) llevada a cabo el 8 de agosto, pistoleros han estado realizando “batidas” ilegales en las carreteras, como venganza contra los residentes campesinos de la zona. Los relatos indican agresiones físicas, como bofetadas en la cara y amenazas, en un claro intento de humillar e intimidar a la comunidad.
“Los guaxebas [paramilitares] prendieron fuego en varios puntos del asentamiento, esparciendo el ganado y amenazando al pueblo aquí dentro. Paran al pueblo en medio de la carretera y los amenazan, los abofetean. La situación es terrible”, dijo un campesino. Las denuncias dejan claro que los ataques no se han visto limitados por la presencia policial. Pistoleros vinculados al latifundio continúan operando con total libertad, queman cultivos y destruyen la producción local. Uno de los vídeos enviados a la redacción de AND muestran campos en llamas, densas humaredas cubriendo el horizonte, un crimen contra el medio ambiente y la economía, que, una vez más permanece sin respuesta por parte de las “autoridades”.
El impacto psicológico afecta particularmente a los niños del Área. “Los niños están asustados de ir a la escuela; están llorando,” dijo un campesino. El derecho a la educación, ya precario en la región, ahora se ha convertido en otra víctima de la represión.
Como si no bastasen la violencia física y la destrucción de cultivos, los campesinos denuncian de castigos económicos arbitrarios. Una campesina grabó un vídeo frente a la comisaría de policía, declarando que ha perdido la ayuda social que estaba recibiendo debido a que la dirección que ella dio, supuestamente estaba en “la tierra de otra persona”, y se le calificó como irregular por parte de la agencia responsable.
La cancelación, arbitraria y sin base legal alguna, dejó a su niño sin leche para alimentarse. Al eliminar los pocos mecanismos de protección social para los campesinos locales, el Estado opta por la criminalización de campesinos y profundiza la política de guerra contra el pueblo pobre del campo.
